El "insuficiente" control a las minas de Asturias, al descubierto en cinco puntos clave: inspecciones con "chivatazo" y otras deficiencias señaladas en el demoledor informe

Contundente y marcando recomendaciones que el Principado promete que acatará, tal y como adelantó La Nueva España. Así es el informe sobre el funcionamiento del Servicio de Minas que el lunes hizo público el Gobierno de Adrián Barbón, quien lo había encargado expresamente tras la tragedia con cinco fallecidos ocurrida el 31 de marzo de 2025 en Cerredo (Degaña), donde se extraía carbón ilegalmente. El análisis de 317 páginas realizado por la Inspección General de Servicios estudia todas las tramitaciones y controles a la explotación del accidente, pero va más allá, señalando problemas sistémicos.

Así, señala deficiencias de plantilla y funcionamiento en el servicio encargado de la minería, pero también apunta a una labor instructora "insuficiente", a una tramitación deficitaria de denuncias sobre explotaciones o, directamente, a la no valoración de documentación tan relevante como un contrato entre empresas de la mina de Cerredo que anunciaba la intención de realizar una labor extractora para lo que no tenían ninguna cobertura legal. Igualmente, reseña el uso de la figura de Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) como subterfugio para dar amparo a la actividad extractiva ilegal, "evitando" la ley que marca el final de la minería de carbón.

Marco normativo

El informe subraya una alta complejidad y baja seguridad jurídica. Por un lado, detecta que la normativa estatal básica está anticuada y es incluso preconstitucional, no dando debida respuesta suficiente al nuevo contexto ambiental, energético y de transición justa, ni a situaciones como la transmisión de explotaciones cerradas o abandonadas entre empresas que no van a explotar en sentido clásico, sino a gestionar escenarios híbridos entre cierre, restauración e intentos de reactivación. Por otro, indica que Asturias no ha desarrollado regulación propia suficiente para afrontar la realidad actual de un sector que fue clave en la economía regional.

Organización

El informe analiza la estructura y plantilla del Servicio de Minas resaltando una reorganización reductiva entre 2019 y 2025, con la desaparición del servicio propio de Seguridad Minera y la concentración de funciones en un único servicio y la consiguiente reducción de cinco puestos de trabajo, incluidos perfiles técnicos y administrativos. Esa reducción de efectivos, sostiene la Inspección, no se corresponde con el aumento de tareas derivadas de la transición justa, la restauración de explotaciones degradadas y la gestión estratégica de materias primas minerales.

Catastro minero. Otra deficiencia notable detectada proviene de la desactualización tecnológica de los sistemas de registro de datos. La Inspección General señala así datos desactualizados tanto en el registro minero autonómico como en el Catastro Minero Nacional; y heterogeneidad y falta de coincidencia entre ambos, entre otros puntos relativos a una merma en la fiabilidad, actualización y transparencia del sistema minero autonómico que puede generar "dudas o confusiones sobre la titularidad a interesados en reconocimiento de derechos mineros".

Transmisiones de derechos mineros

Uno de los puntos más calientes del informe se refiere a los procesos de traspaso de explotaciones mineras entre empresas, como la que se dio en Cerredo entre Combayl y Blue Solving; aunque en este caso ambas firmas tenían detrás al mismo empresario, Chus Mirantes, ahora encausado. Recuerda la Inspección que la entidad adquirente asume en estos traspasos obligaciones vinculadas a la concesión, incluida en su caso la restauración ambiental. Por eso exige capacidad legal y solvencia técnica y económica. Y reprocha que el Servicio de Minas no tiene criterios ni procesos establecidos para valorar esa solvencia en estos procedimientos. En el caso de la transmisión de Cerredo, de hecho, señala una "insuficiente e inadecuada actuación instructora del Servicio competente en materia de minería", llegando a no valorar un contrato en el que Blue Solving se hacía eco de su intención de extraer mineral de una mina en proceso de cierre, algo ilegal.

Inspecciones y denuncias

Hay un modelo de inspección poco formalizado y demasiado previsible, a ojos del informe. No existe planificación específica ni planes formales de inspección minera, que sí se intensifican en casos de accidentes. Además, la Inspección detecta que las visitas eran generalmente avisadas con antelación, sin criterios o instrucciones claras sobre cuánto antes se avisaba, lo que podía facilitar la ocultación o alteración de pruebas. Algo similar apunta en el caso de denuncias sobre explotaciones mineras, como las que hubo sobre la actividad clandestina en Cerredo. Advierte que estas se trasladaban íntegramente al presunto infractor antes de inspeccionar, con el consiguiente riesgo para la confidencialidad del denunciante y de "ocultación o alteración de hechos". Ve fallos de coordinación en su tramitación y de seguimiento y trazabilidad una vez se reciben.

El subterfugio de los PIC

Otro punto caliente del informe es el relativo a la figura de Proyectos de Investigación Complementaria (PIC), carentes de regulación sustantiva y procedimental, a ojos de la Inspección. Se pone el foco en su uso para amparar una actividad extractiva ilegal en minas afectadas por el plan de cierre, como la de Cerredo, eludiendo así la ley estatal que lo prohíbe. También detecta la falta de comunicación de estos proyectos al Instituto para la Transición Justa del Ministerio, abundando así sobre dos extremos muy delicados: la prohibición de extraer carbón en terrenos mineros rehabilitados y la posible incidencia sobre ayudas públicas ligadas al cierre de instalaciones extractivas.

Más regulación de controles y multas

Son once recomendaciones. Comenzando por desarrollar la normativa minera, especialmente las transmisiones de derechos de explotación; siguiendo por evitar dar traslado de las denuncias recibidas a las empresas implicadas y garantizar la tramitación completa y vigilada de cualquier expediente; y acabando por analizar posibles responsabilidades derivadas de las actuaciones que rodean al accidente de Cerredo. El informe de la Inspección General de Servicios pone importantes deberes para mejorar el servicio minero al Gobierno de Asturias, y este piensa "hacer suyas" todas ellas, tal y como adelantó La Nueva España. Así se comprometieron ayer la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Industria, Borja Sánchez, tras el acuerdo unánime del Consejo de Gobierno después de analizar el documento. "Asumí la consejería con un mandato expreso del presidente para llegar hasta el final con todas las consecuencias. Tanto el informe como las medidas que pondremos en marcha responden a ese propósito. Vamos a continuar tomando decisiones y actuando con toda transparencia para mejorar la seguridad jurídica, administrativa y también la de los propios trabajadores", señaló Sánchez. En la misma línea se expresó Llamedo, quien aseguró que "el Gobierno de Asturias no va a parar; este informe no es un punto final, toca hacer realidad todas y cada una de las recomendaciones", y garantizó que lo harán con "total transparencia".

El informe es contundente y, entre sus muchas conclusiones, establece que se utilizó la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) como subterfugio para autorizar la extracción de carbón y "eludir" el plan de cierre de la minería del carbón. "Apunta a que la autoridad minera utilizó estos proyectos de investigación complementaria como vía para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del plan de cierre de la minería no competitiva en España. Y también el artículo 29 de la ley 7/2021 de cambio climático y transición energética", reconoció Sánchez. Ambas normas, recordó, exigen "la devolución de las ayudas estatales percibidas como requisito ineludible para otorgar cualquier autorización de explotación en minas sometidas a procesos de cierre". No obstante, matizó que "el PIC viene siendo utilizado desde hace varias décadas en el Principado y ahora surge una necesidad de clarificar cuál es su régimen, que es lo que vamos a hacer. Vamos a revisar su regulación, garantizar que exista plena seguridad jurídica y garantizar que se apliquen todos los controles necesarios".

Otro de los aspectos destacados por el Consejero es que el informe detecta problemas estructurales en el Servicio de Minas, como la "reducción de efectivos a la par que se producía un incremento de competencias" vinculadas a proyectos de transición. Por ello, se comprometió a "revisar la dimensión del servicio" y a "estudiar si son necesarios refuerzos". Las posibles modificaciones en la estructura de recursos humanos se analizarán de forma integral y se estudiará si son necesarios refuerzos en puestos de gestión o en personal de inspección. Asimismo, desde la Consejería de Ciencia se colaborará con la fiscalía en todos los procedimientos abiertos.

El informe señala problemas en la autorización de transmisiones de derechos y permisos en unidades de explotación minera que se encuentran en proceso de cierre. También, tal y como avanzó este diario, "la ausencia de consultas al Instituto de Transición Justa (ITJ)" sobre las autorizaciones a explotaciones mineras de carbón. "Este problema ya está solventado y el ITJ tiene toda la documentación que nos ha ido requiriendo", enfatizó Sánchez. En otras palabras, el Estado no estaba al tanto –o al menos, debidamente informado– de que en Asturias se estaba extrayendo carbón. Abordarán, por tanto, la elaboración de una disposición reglamentaria para ordenar el procedimiento de autorización de transmisiones de derechos mineros. Borja Sánchez mostró además su compromiso para introducir "mejoras en los procedimientos sancionadores y en el aviso de las inspecciones" a las explotaciones, así como para llevar a cabo una "planificación más estructurada de la inspección minera" y "regular de forma más precisa la realización de las inspecciones". En concreto, avanzarán hacia una planificación más estructurada, mediante la elaboración de un Programa de Inspección Minera del Principado de Asturias (PIMPA) y el desarrollo de instrucciones que regulen de forma más precisa la realización de las inspecciones.

Por último, Sánchez anunció que se incorporarán aplicaciones informáticas para modernizar el servicio. Trabajarán en coordinación con la dirección general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, que permitan mejorar la eficacia, la trazabilidad y las garantías de los procedimientos. El objetivo es contar con aplicaciones informáticas que incorporen, por ejemplo, una hoja de verificación (chek-list) para las inspecciones mineras, o que faciliten la gestión de los planes de labores, accidentes laborales y el catastro minero.

Con todo, el Principado ha mostrado su compromiso para mejorar el servicio de minas y evitar que vuelva a ocurrir una tragedia como la de Cerredo. "Es un compromiso de sangre del Presidente", recalcó Llamedo, recordando las palabras de Adrián Barbón. Un presidente que recibió el informe definitivo de la Inspección General de Servicios ayer poco antes de las doce y cuarto de la mañana, tras el Consejo de Gobierno.

Los tiempos del informe

El Principado aclaró que el informe provisional de la Inspección General de Servicios se recibió el 5 de marzo en la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. "Tiene carácter reservado; es decir, bajo ninguna circunstancia, por su condición provisional en ese momento, se puede hacer público ni comunicar", especificaron. El 26 de marzo se trasladaron las consideraciones correspondientes a la Inspección y un día más tarde, a las 15.00 horas, la Consejería recibió el informe definitivo. Desde la recepción hasta su presentación al Consejo de Gobierno y a la sociedad transcurrieron tres días hábiles, con los días festivos de Semana Santa de por medio, tiempo que se dedicó "a leer y estudiar con detalle el informe y planificar las medidas a adoptar".

"Con este informe se está actuando de manera excepcional por su carácter extraordinario; por ello, se ha elevado al Consejo de Gobierno y se ha presentado públicamente. Hacer público el informe provisional habría supuesto obstruir la labor inspectora y contaminar la auditoría, además de bloquear el derecho de la consejería a trasladar las consideraciones que estimara procedentes sobre lo actuado", sentenciaron fuentes del Ejecutivo regional.

Borja Sánchez eludió hablar de responsabilidades directas o personales en lo referente al accidente en la "explotación ilegal" de Cerredo. "Yo creo que el propio informe es ya una muestra de responsabilidad política y es una muestra de la responsabilidad con la que trabajamos en este Consejo de Gobierno. Este informe fue encargado por el propio presidente, y esto no pasa en otras comunidades autónomas. Al final lo que se ha evaluado es de arriba abajo el funcionamiento del Servicio de Minería, y que de ahí surgen 11 recomendaciones que vamos a asumir y a hacer nuestras por completo. Yo creo que esto es un ejercicio de responsabilidad política".

Sin embargo, tanto él como Gimena Llamedo aseguraron que el Principado está colaborando con la Fiscalía en la investigación del siniestro que se llevó por delante la vida de cinco mineros. A este respecto anunciaron que este informe de evaluación del Servicio de Minas será remitido a la propia Fiscalía y ya ha sido enviado a la comisión de investigación parlamentaria del "caso Cerredo".

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