Un fondo buitre amenaza con embargos millonarios a la selección española durante el Mundial por un pleito de energías renovables

España lleva años evitando el pago de indemnizaciones millonarias que ha ido acumulando en diferentes cortes de arbitraje internacionales por las denuncias contra los recortes a las energías renovables aprobados hace más de una década por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Estado español acumula condenas por laudos interpuestos durante años por inversores afectados por el ‘hachazo’ a las primas a las renovables con compensaciones de más de 2.300 millones (1.763 millones de compensaciones y 543 millones en concepto de intereses de demora).

Algunos de esos inversores siguen pleiteando en diferentes países para forzar a España a pagar esas indemnizaciones y llevan tiempo intentando ejecutar embargos de activos españoles. Ahora el objetivo al que buscan realizar incautaciones es la selección española de fútbol aprovechando el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Las larguísimas batallas legales están en su mayoría comandadas por fondos oportunistas que han recomprado los derechos de cobro a los inversores originales. Y el mayor de estos fondos, Blasket Renewable Investments, está intensificando el rastreo de bienes y activos del Estado español en EEUU para activar su confiscación.

Blasket ha presentado en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia (Washington DC) varias solicitudes formales para iniciar la búsqueda de dinero o activos del Estado español y ha puesto a la selección de fútbol en su diana. El fondo oportunista pretende que la justicia estadounidense incaute distintos pagos que va a realizar la Real Federación Española de Fútbol durante su estancia en EEUU con motivo del mundial, como parte de un caso en el que la corte arbitral del CIADI (adscrita al Banco Mundial) reconoció una indemnización de 40 millones de euros a RREEF por los recortes a las ayudas de las renovables españolas, que se han convertido en 74 millones por los intereses de demora.

El fondo ha enviado requerimientos judiciales a la FIFA, al grupo de material deportivo Adidas, a varios grupos hoteleros como el gigante Hilton con establecimientos en los que se alojará la Selección durante su estancia en EEUU, al complejo deportivo de alto rendimiento en el que entrenará el equipo o a la empresa de logística especializada que se encargará de los traslados de todo el material del combinado nacional.

En busca de otras incautaciones

Como parte de una estrategia global, Blasket también ha remitido otras decenas de peticiones judiciales a empresas y entidades con distintas relaciones económicas con España en el mercado norteamericano, exigiendo información detallada sobre pagos, contratos y vínculos financieros con el Estado español como parte de otros varios laudos condenatorios y que han sido reconocidos judicialmente en EEUU. Entre las compañías y entidades españolas sobre las que se solicita información figuran el holding estatal SEPI, Renfe, Enaire (el grupo encargado del control aéreo y máximo accionista de Aena), Paradores, Ineco o el Instituto Cervantes, con el fin de determinar si actúan efectivamente como ‘alter ego’ del Estado y, por tanto, sus activos pueden ser objeto de embargo.

Los tribunales norteamericanos ya han emitido siete fallos contra España en los últimos meses, reconociendo el derecho de los inversores a cobrar las indemnizaciones por un total de 688,4 millones. Algunos de los beneficiarios de esas indemnizaciones por casi 700 millones se movilizan ahora para conseguir las incautaciones. A la sentencia más reciente, ligada al caso del grupo 9Ren y por valor de 44 millones, hay que sumarle las decisiones correspondientes a casos de otros antiguos inversores como Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) o NextEra (290,6 millones).

El escudo de Bruselas

España hasta el momento sólo se ha visto forzada a pagar en una ocasión una indemnización millonaria a un inversor internacional por los recortes a las ayudas a las energías renovables aprobados por el Ejecutivo de Rajoy. Tras años de resistencia por parte del Ejecutivo español a abonar las compensaciones a las que le habían condenado diferentes cortes de arbitraje internacional, los fondos de inversión especializados en gestionar este tipo de pleitos consiguieron el pasado junio romper el bloqueo y encontraron la vía de empezar a cobrar (aunque sólo para una parte muy menor de las indemnizaciones de más de 10.000 millones que se llegaron a reclamar en varias decenas de demandas).

El Gobierno dio por agotadas todas las vías jurídicas para frenar uno de esos casos pendientes y tuvo que ejecutar el abono de un laudo internacional en lo que suponía un punto de inflexión en la gran batalla legal de la última década por el hachazo a las primas que recibían las plantas renovables. El Ejecutivo pagó íntegramente un laudo dictado en 2021 a favor de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation, que revendió la gestión del pleito y los derechos de cobro al fondo Blasket. Gobierno y Blasket pactaron el abono de una compensación de 32 millones de euros.

La Comisión Europea ha concedido a España una gran escudo para evitar pagar indemnizaciones milmillonarias a las empresas energéticas afectadas por el hachazo a las ayudas a las renovables, pero sólo en el caso de que las compañías sean de alguno de los países de la Unión Europea. Si España paga las indemnizaciones pendientes por demandas de empresas europeas se consideraría una ayuda de estado ilegal, según la nueva doctrina de Bruselas.

Pero los pleitos activados por inversores no comunitarios quedan fuera de ese blindaje y los fondos oportunistas han conseguido romper el cerrojo, por lo que España se expone a tener que pagar compensaciones en total por unos 200 millones de euros en cuatro laudos de inversores no europeos. España se enfrenta a cuatro procedimientos arbitrales iniciados por inversores extracomunitarios, por los que ha sido condenada a pagar en total más de 167 millones de euros, y ascenderán a más de 200 millones con los intereses de demora acumulados.

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