Bruselas investiga si la indeminzación de España a la japonesa JGC por las renovables podría ser una ayuda ilegal

La Comisión Europea ha abierto este martes una investigación sobre la indemnización de 32 millones de euros que España pagó a JGC por los recortes a las ayudas a las renovables después de que el holding de ingeniería japonés invirtiera en nuestro país, al considerar que podría constituir un caso de ayudas de Estado ilegales.

En 2007, España puso en marcha un régimen de apoyo a la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables. Lo hizo, sin embargo, sin dar parte a la Comisión tal y como establecen las normas comunitarias sobre ayudas estatales. En 2013, el gobierno modificó las condiciones del régimen, aplicándolas de manera retroactiva a quienes habían empezado a recibir ayudas seis años antes.

Esa modificación supuso un recorte en las ayudas, pero esta vez, España sí notificó el modelo a Bruselas. El Ejecutivo comunitario estableció que cualquier compensación derivada de ese cambio como resultado de una sentencia de un tribunal de arbitraje si los inversores denunciaban al país debía notificarse a la Comisión.

La japonesa JGC, que había empezado a invertir en España en 2007, llevó al gobierno a los tribunales y reclamó una compensación por las ayudas no concedidas al modificar el régimen. En 2021, la corte de arbitraje del Banco Mundial determinó que el gobierno debía conceder una indemnización de 23,5 millones de euros a la empresa.

El grupo nipón revendió la gestión del pleito y los derechos de cobro al fondo estadounidense Blasket. El Gobierno y Blasket pactaron el pasado año el abono de una compensación de 32 millones de euros que, este martes, la Comisión Europea ha determinado que podría constituir una ayuda de Estado ilegal.

La investigación

Bruselas considera que esta indemnización podría constituir una ayuda de Estado ilegal "ya que concede a JGC una ventaja equivalente a las previstas por el régimen español no notificado de 2007". Además, la Comisión considera que el fondo Blasket también se habría beneficiado al adquirir los derechos del laudo y proseguir su ejecución.

La Comisión ha abierto esta investigación para determinar si, en este caso, la medida es compatible con las normas de competencia que rigen el mercado interior. Una de las razones sería que la decisión sobre la indemnización fue tomada por un organismo externo a la UE. En el bloque, es el Ejecutivo comunitario quien está a cargo de velar por una competencia justa.

"Según la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión, un acuerdo internacional no puede afectar al reparto de competencias fijado por los Tratados ni, por consiguiente, a la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión", ha advertido la Comisión en un comunicado. Al conceder esa indemnización, el tribunal de arbitraje estaría ignorando la decisión del propio Ejecutivo sobre el sistema de ayudas.

"La Comisión alberga dudas sobre la conformidad de la medida con el principio general de autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión y con varias disposiciones de los Tratados de la Unión", ha asegurado Bruselas. Por otra parte, dado que JGC ya recibió ayudas con el régimen de 2013, Bruselas investiga si la indemnización supone un apoyo "necesario para el desarrollo de una actividad económica" y si este es "proporcionado" o podría afectar a la competencia justa en el bloque.

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