Me sorprende que el último Indicador de Confianza del Consumidor publicado por el CIS el pasado marzo, no haya sido objeto de mayores análisis. Porque arroja datos muy esclarecedores sobre el momento económico español, además de altamente preocupantes. Empezando por la brecha agrandada entre el 52,6% de ciudadanos que dicen no llegar a fin de mes o hacerlo con dificultades, frente al 45,7% que, sin embargo, reconoce que puede ahorrar.
Pero no es el único. El propio índice global, que con un valor de 53,8 puntos baja 36 respecto al de febrero y veinte respecto a marzo de 2021. Y desglosándolo por sus componentes, se constata un desplome en las expectativas, sin duda propiciado por los impactos de la guerra de Ucrania, que es de 40 puntos respecto al mes anterior y 45 respecto a un año antes. Un 54,4% considera que la situación económica de su hogar es peor que hace seis meses, por solo un 11,6% que dice ser mejor y un 76% considera que dentro de seis meses estará igual o peor. Si ampliamos el foco a la situación económica de España, un 80% estima que es peor que hace seis meses y solo un 21% creen que mejorara en los próximos seis meses.
Yendo a las causas, el 73% de quienes dicen estar peor ahora, lo atribuyen al alza continuada de precios/inflación, a lo que deberemos añadir que un 74,4% cree que la inflación seguirá subiendo durante el próximo año.
Revisar las previsiones
Los expertos discrepan. De hecho, ya conocemos que los servicios de estudio más prestigiosos del país, apuntan a que el IPC habría tocado techo en marzo y que iniciará una desescalada que lo situará, de media anual, en el 7,5% para el Banco de España, el 6,8% para Funcas, o el 5,3% para el FMI, muy alejado de sus propias previsiones anteriores o de las comunicadas hace meses por el Gobierno que se verá obligado a revisarlas, estos días, ante la nueva situación.
Pocas dudas hay respecto a que las tensiones inflacionistas son previas a la guerra de Ucrania, aunque se han visto agudizadas por esta. También, de que tienen un fuerte componente internacional. Es decir, es una inflación importada como consecuencia del ‘shock’ externo que representa una subida fuerte y continuada de bienes básicos que importamos. Cuando el precio del gas o del petróleo se dispara al alza a ritmos no conocidos desde 1985 o cuando la FAO dice que el índice que elabora sobre precios alimentarios mundiales ha crecido un 34% respecto al año anterior, es difícil negar ambos asuntos, que se reflejan más en el índice general (9,8% marzo) que en la subyacente (3,4%) que no tiene en cuenta estos factores volátiles.
Más discutible es el impacto desigual que tiene en cada país en función de las características de su estructura económica y, sobre todo, si arrastrará, o no, una inflación de segunda ronda si se aplican cláusulas de mantenimiento del poder adquisitivo, sobre todo, a salarios. Como también lo es la duración del fenómeno que, de momento, se sigue considerando temporal como vemos conforme se publican las previsiones para 2023 donde todos los organismos anticipan una fuerte caída de la inflación en todos los países. De momento, la hipótesis central es que nuestra inflación, aún en niveles elevados, irá aflojando en los próximos meses, para caer de forma acusada el próximo año, hasta el 2% y el 1,4% en 2024, según previsiones del Banco de España o el 1,3% previsto por el FMI para 2023. Lo peor, pues, habría pasado.
Efectos de la inflación
Un ‘shock’ externo de oferta empobrece a todo el país. Pero no a todos por igual. El primer efecto ha sido sobre los costes y la competitividad, lo que ha motivado protestas y las medidas aprobadas por el gobierno para subvencionar, de forma temporal, dichos costes adicionales, sobre todo, los 20 cms/litro de combustibles.
La pérdida de poder adquisitivo es el segundo y más preocupante efecto. Solo en lo que llevamos de año, el coste de la vida ha cuadruplicado la evolución de los salarios. Este efecto es especialmente fuerte en los perceptores de salarios bajos, mayormente en España, jóvenes mileuristas.
La inflación también reduce el valor patrimonial de los activos y de los ahorros familiares. Según estimaciones de Funcas, cada punto de inflación reduce el valor de los ahorros en 8.800 millones de euros. Se podría compensar, pues, la elevación de la riqueza financiera neta de las familias que, el pasado año, creció por encima del PIB.
Salvo que el Gobierno dé marcha atrás en su vinculación por ley de las pensiones al IPC, la inflación prevista para este año va a significar un alza importante del gasto en pensiones. De aceptar la previsión del Banco de España, para 2023 habría que contar con un coste adicional equivalente a una mensualidad, es decir, unos 13.000 millones que irían directamente al déficit público. Por su parte, la inflación eleva las bases impositivas y, con ello, de no deflactarse la tarifa, sube los ingresos públicos.
El último de los efectos reseñables de esta inflación es el adelantamiento de los ritmos de regreso a la normalidad monetaria: acabó la época de tipos de interés cero, o negativos. Algunos bancos centrales ya han subido tipos y el BCE anuncia que pondrá fin anticipado a su compra de deuda (aunque seguirá haciéndolo hasta julio por 90.000 millones de euros) y tanto el Euribor como los tipos de la deuda a diez años ya han experimentado subidas que los sitúan en positivo. Eso quiere decir, también, que poco a poco, el coste de financiar nuestra deuda pública crecerá, haciendo subir de forma paulatina la carga presupuestaria de los intereses.
Bajar impuestos
Si el escenario central es hoy el de un fuerte fogonazo de la inflación este año, para remitir el próximo, conviene que no se desaten efectos de segunda ronda, sobre todo, alzas salariales que realimenten el proceso inflacionista. La información disponible sitúa el imprescindible pacto de rentas entre sindicatos y empresarios más cerca de lo que parece. Se habla de un acuerdo a 3 años, que la CEOE condiciona a que no reduzca empleo y a que las administraciones revisen sus contratos públicos de obra y servicios mientras que los sindicatos lo hacen a una cláusula de revisión anual, de la que hoy solo disfrutan un 16% de trabajadores sujetos a convenios. En mi opinión, bastaría aceptarla para el final del periodo, en vez de anual, para poder encajar el pacto.
Lo que tiene difícil encaje, teórico y práctico, es la fijación por una bajada general de impuestos en la que parece haber caído el nuevo líder de la oposición. Primero, porque es contradictorio querer frenar subidas salariales y hacerlo vía descenso de impuestos que elevarían los ingresos netos y el gasto privado, realimentando la inflación, salvo que sea la válvula de cierre final de un pacto de rentas más austero. Segundo, porque se compadece mal con una estrategia gradual de consolidación del déficit público, salvo que se esté pensando en otra década de austericidio en el gasto.
Quizá por ello, la propuesta de Feijóo, según conocemos, se aproxima más a una deflactación de la tarifa para rentas más bajas. Lo que no es una rebaja de impuestos como se dice y tendría más sentido vinculándola al acuerdo de rentas que negocian los interlocutores sociales.
Concluyo: hay suficientes razones para la preocupación por una situación compleja, que no admite soluciones mágicas. Pero nadie encuentra argumentos para el catastrofismo que, a veces, leemos o escuchamos en boca de algunos profetas del desastre permanente. Serenidad. Repasen las imágenes de hoteles y playas, esta Semana Santa.
