La AP-7 ya no da más de sí

La AP-7 ha dejado de ser una infraestructura que simplemente soporta mucho tráfico para convertirse en uno de los principales puntos de tensión de la movilidad y de la actividad económica de Castellón. Los casi 46.000 vehículos que circulan cada día por uno de los puntos de medición del sur de la provincia, con más de 13.500 camiones, dibujan una realidad difícil de ignorar. Desde la liberalización de la autopista, el tráfico se ha triplicado y el de vehículos pesados se ha multiplicado por cuatro. La infraestructura, sin embargo, no ha evolucionado al mismo ritmo.

El problema no es que la AP-7 tenga mucho tráfico, algo lógico en una provincia atravesada por uno de los principales corredores mediterráneos, sino que una vía concebida para unas determinadas condiciones de uso tenga que asumir una intensidad para la que no fue dimensionada. Cuando además se acumulan accidentes, retenciones, deficiencias en el firme y problemas de drenaje, la cuestión deja de ser exclusivamente una molestia para los conductores y adquiere una dimensión económica y de seguridad que exige una respuesta.

Hay un dato especialmente revelador. Cerca de uno de cada tres vehículos que circulan por la autopista son camiones. No tiene sentido convertir ese hecho en una acusación contra el transporte pesado, porque esos vehículos no están allí por capricho. Responden a la estructura productiva y logística de Castellón y a la posición de la provincia dentro del corredor mediterráneo. La cerámica, la industria, la distribución y el abastecimiento dependen de una red viaria eficaz. Si esa red funciona al límite, el coste termina trasladándose a las empresas y, en última instancia, al conjunto de la sociedad. Tampoco es razonable abordar el problema únicamente cuando se produce un accidente grave. La sucesión de siniestros de las últimas semanas, algunos con consecuencias especialmente dramáticas, debería servir para acelerar una actuación que no puede limitarse a reparar baches después de que aparezcan o a reforzar la conservación cuando la situación ya resulta evidente. El mantenimiento es imprescindible, pero una infraestructura cuyo tráfico se ha triplicado necesita también una planificación a más largo plazo.

Castellón lleva demasiado tiempo reclamando una mejora de sus comunicaciones por carretera. La prolongación de la A-7 hacia el norte permitiría disponer de una alternativa y repartir parte de los flujos, pero mientras ese proyecto permanezca paralizado la AP-7 seguirá soportando una presión creciente. Y esperar a que el problema alcance un punto todavía más crítico no parece una estrategia razonable. La solución tampoco pasa por penalizar a quienes utilizan la autopista. Recuperar un peaje generalizado sería una respuesta difícil de justificar cuando la propia Administración ha permitido que la infraestructura llegue a esta situación.

La AP-7 cumple una función demasiado importante para Castellón como para mirar hacia otro lado, cuando es la principal vía a los principales destinos turísticos y conecta la provincia con el resto del corredor mediterráneo. El ministerio dispone de datos suficientes para saber que la presión sobre la vía seguirá aumentando. Lo que falta no es diagnóstico, sino capacidad para actuar antes de que el colapso deje de ser una advertencia y se convierta en la normalidad.