El Gobierno va a proponer una reforma del Código Penal para que quien cometa cuatro faltas sea castigado por un delito, lo que supondrá necesariamente una pena de prisión. Se trata de cerrar todos los resquicios de la ley para que los delincuentes habituales no actúen impunemente.

Esta medida, junto al reforzamiento de las penas por piratería de discos y otras obras culturales; la tipificación de la manipulación de móviles robados; el aumento de las penas por ablación de clítoris, acoso sexual, maltrato a los animales y pornografía infantil, y la expulsión inmediata de los inmigrante en situación irregular que cometan delitos menores --algunas de ellas ya anunciadas con anterioridad-- serán aprobadas el viernes por el Consejo de Ministros.

"LA OFENSIVA MÁS SERIA"

El presidente del Gobierno, José María Aznar, continuó desgranando ayer su programa de lucha contra la delincuencia, esta vez ante los grupos parlamentarios del PP en las Cortes, reunidos en el Senado. El goteo de anuncios a través de los medios de comunicación comenzó el pasado 29 de diciembre. Esta ofensiva, según Aznar, "es la más seria de las últimas décadas".

Tras el anuncio del endurecimiento de penas para los terroristas y la ampliación de la prisión provisional, el Ejecutivo quiere que algunos delitos e infracciones sean penalizados con mayor dureza. Es el caso de las faltas, que el actual Código Penal castiga con penas leves y sólo cuando hayan sido consumadas (excepto cuando son cometidas contra las personas o el patrimonio).

Aunque un delincuente cometa cientos de faltas (como hurtos de cantidades menores de 300 euros o robos de vehículos sin violencia, por ejemplo), es muy posible que nunca cumpla una pena. Por eso, el Gobierno quiere que la comisión de cuatro faltas equivalga a cometer un delito.

A pesar de las numerosas reformas anunciadas, el presidente aseguró que la delincuencia en España es una de las más bajas de la Unión Europea, donde ocupa el puesto número 11 de 15. Esta ofensiva se justifica, según Aznar, en que hay nuevas formas de delincuencia ante las que el ciudadano "necesita protección" para disfrutar de sus "derechos, bienes y su tranquilidad".

Según subrayó el presidente del Gobierno, son las personas las responsables absolutas de sus actos ya que "no hay estados de necesidad" que justifiquen la comisión de delitos.