Las palabras de José María Aznar sonaron como el puñetazo en la mesa que no llegó a dar. El sol lucía en los jardines de la Moncloa, pero en la sala del Consejo de Ministros llovían chuzos de punta. Los errores de imprevisión y descoordinación cometidos en la crisis del Prestige habían minado la imagen del Gobierno y acabado con los nervios del presidente. Su monumental bronca concluyó con una orden taxativa a los ministros: "Y ahora, a trabajar".
Aquel jueves 5 de diciembre, víspera del Día de la Constitución, Aznar puso en marcha una laboriosa estrategia política destinada en una primera fase a mitigar el desgaste político del PP por la crisis del Prestige, y a continuación a sumergir el chapapote bajo una marea de iniciativas legislativas.
24 horas después, Aznar se ponía manos a la obra: el viernes denunciaba ante la prensa la "demagogia" del líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero; el sábado, por vez primera desde el accidente del petrolero, reunía a su gabinete de crisis; el domingo recibía a la comisaria europea de Transportes, Loyola de Palacio; y el lunes, ante las siempre amables cámaras de TVE, pedía disculpas a Galicia por la tardía reacción del Ejecutivo y "la falta de medios". Asunto zanjado.
Pero no era a la luz pública, sino en la intimidad de los despachos oficiales, donde los populares urdían en secreto la maniobra definitiva. Se discutió por primera vez la segunda semana de diciembre, en una de las reuniones de maitines que Aznar suele celebrar con la cúpula del Ejecutivo y del PP.
CALENDARIO EN MANO
Por aquellas fechas el presidente fue recibiendo por separado a su número dos, Mariano Rajoy, y a los ministros de Justicia, José María Michavila; Interior, Ángel Acebes; y Trabajo, Eduardo Zaplana, entre otros. Cada uno le presentó las iniciativas legales que tenía en cartera, y Aznar, calendario en mano, decidió cómo darles salida.
Tanto Rajoy como Michavila niegan que el cerco al terrorismo, la delincuencia común y la inmigración ilegal sea fruto de la improvisación. "Llevábamos varios meses diseñándolo", precisa el segundo. En efecto, la ofensiva venía gestándose desde la primavera en el marco del plan de seguridad ciudadana, anunciado por Aznar en julio y presentado en septiembre. Lo que no desmienten es que, en vez de desatar una avalancha legislativa, el plan era tramitar las normas más pausadamente.
Concretamente, el cumplimiento íntegro de penas para los etarras iba a ver la luz a mediados de enero; el nuevo Código Penal, en febrero; y la reforma de la prisión preventiva, hacia marzo. Además, el programa social de Zaplana debía lanzarse antes de las elecciones de mayo, pero se materializará el mes próximo.
A los ministros que estaban en el ajo no les sorprendió que Aznar les dejara sin vacaciones navideñas al reunir el Consejo de Ministros el 3 de enero. Era la fecha elegida para el inicio de la campaña de ley y orden con la que el PP, según admite un alto cargo gubernamental, se propuso "retomar la iniciativa política" y neutralizar al PSOE, pues "no tenía margen para oponerse" a las reformas tras haber denunciado la alarmante tasa de criminalidad.
EL PRIMER ANUNCIO
Tímidamente, Michavila abrió fuego el 23 de diciembre en el Congreso, donde sólo anticipó que en febrero enviaría a la oposición un proyecto para impedir el acceso de los presos de ETA al tercer grado penitenciario. Durante las 48 horas siguientes, la incipiente iniciativa gubernamental mereció cierta atención informativa, a menudo en detrimento del Prestige.
Tres días más tarde, Aznar anunció que la reforma se aprobaría en sólo una semana. El proyecto empezó a ocupar más espacio en los medios, diluyendo el protagonismo del chapapote. Pero Aznar tenía más conejos ocultos en la chistera.
Tras mantener otra charla con Michavila, el 29 de diciembre, al mediodía, Aznar concedió una entrevista a Efe, la agencia pública de noticias. En ella reveló su propósito de elevar de 30 a 40 años la pena máxima de prisión que cumplen los terroristas. Para cuando la información llegó a los diarios, bien entrada la tarde, el Ejecutivo ya los había alertado para que reservasen espacio a la noticia, que al día siguiente acaparó las primeras páginas. La táctica de la distracción empezaba a dar frutos.
El PSOE no pudo sino secundar una iniciativa que iba a contar con un amplio respaldo social. Reprochó al Gobierno que se negara a reunir el pacto contra el terrorismo y rechazó el requisito de la delación para que los etarras pudieran rehabilitarse, pero sus objeciones no pasaron de ahí. En 48 horas se cerraba el pacto.
Ese miércoles, Michavila anunciaba una nueva medida, ésta contra la pequeña delincuencia. La reforma de la prisión preventiva, aunque prevista en el plan de seguridad, cogió a contrapie a la oposición. Al día siguiente, el salto a la política de Ana Botella dio otro respiro a su marido, que siguió administrando los tiempos a placer: el domingo, Acebes difundía las medidas contra los inmigrantes irregulares que delinquen; el lunes, Aznar avanzaba que cometer cuatro faltas será un delito; el martes, Michavila anunciaba la supresión de los arrestos de fin de semana; el jueves, mayores penas para el narcotráfico... Y ayer se aprobó el nuevo Código Penal, que completa la ofensiva legal.
