El Gobierno balear justificó ayer la compra por dos millones de euros (372 millones de pesetas) de un bloque ilegal, que luego derribó. La construcción del edificio de apartamentos fue paralizada por un juez porque vulneraba la legalidad al estar en primera línea de mar y ser zona de protección. El Ejecutivo que preside el socialista Francesc Antich apuntó que varios informes técnicos avalaron el precio abonado y agregó que el solar adquirido resultó barato.
