El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, anunció ayer que se opondrá a la querella presentada por la familia de José Couso --el cámara de Telecinco que murió en la guerra de Irak-- contra tres militares estadounidenses, porque España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos no españoles.
El juez Guillermo Ruiz Polanco será el encargado de resolver esta demanda, que ha acumulado a las otras querellas presentadas por distintas organizaciones contra responsables políticos por el apoyo español a la guerra de Irak.
El fiscal jefe no amplió ayer los motivos de su rechazo. Fungairiño se ciño a los argumentos empleados sistemáticamente en otras demandas presentadas por delitos de crímenes de guerra o genocidio contra dirigentes latinoamericanos como el expresidente chileno Augusto Pinochet.
Sin embargo, la Audiencia Nacional no comparte esa opinión, ya que el pleno de lo penal de ese tribunal sí reconoció la competencia de los jueces españoles para investigar los crímenes cometidos durante la dictadura chilena (1973-1988). La familia de José Couso se querelló el martes contra el sargento Gibson, el capitán Philiph Wolford y el teniente coronel Philip de Camp. En la demanda se acusa a los tres mandos de ser los responsables del disparo del carro de combate que atacó el Hotel Palestina--donde se alojaba la prensa internacional en Bagdad-- y que causó la muerte al cámara de Tele 5.
LAS EXPLICACIONES
El sargento Gibson ha explicado que no disparó inmediatamente sobre el hotel. "Llamé a mis jefes (...) y 10 minutos después me llamaron y me dijeron que disparara sobre él (el hotel) y eso hice", ha explicado. Wolford--que autorizó el disparo-- justificó su decisión porque "un artillero de los tanques observó cómo alguien les miraba con unos prismáticos desde el hotel". Por su parte, De Camp ha confesado: "Lamento decirlo, pero soy el tipo que mató a los periodistas".
La familia del cámara José Couso califica esa actuación militar de crimen de guerra y de asesinato. Y alega que la Audiencia Nacional es competente para investigar estos hechos porque investiga los delitos cometidos en el extranjero. Y porque "es deber de los estados ejercer la jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales".
