El Tribunal Supremo dio ayer un plazo de cinco días al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, para que disuelva el grupo Sozialista Aberzaleak, heredero de Batasuna. Si no cumple, instará al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, a que abra un proceso penal contra la Mesa de la Cámara vasca por desobediencia.

Atutxa cuenta desde ayer con un informe de los servicios jurídicos del Parlamento que le libera de cumplir el mandato judicial, aunque le aconseja una reforma del reglamento. Esta reforma la deberá aprobar el pleno y no se descarta que sea en votación secreta, con lo que la desobediencia sería anónima. La mesa se reúne hoy para tomar una decisión.

Los 16 magistrados de la sala especial decidieron tomar cartas en el asunto después de esperar más de 15 días a que el presidente del Parlamento de Vitoria cumpliera la orden que le dieron el 22 de mayo. Ese día le exigieron que disolviera "sin demora" al grupo parlamentario de Arnaldo Otegi por ser un "artificio" encaminado a obstaculizar el proceso de ilegalización de Batasuna.

Los jueces tomaron su decisión por unanimidad y se la comunicaron por fax a la Cámara vasca. No obstante, el plazo del ultimátum no comenzará a contar hasta que reciban la providencia, por correo ordinario, hoy o mañana. Atutxa tendrá de plazo hasta el jueves o viernes de la próxima semana.

El proceso penal deberá ser instado por la fiscalía en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La desobediencia está castigada con multa e inhabilitación especial para cargo público de 6 meses a 2 años.

INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA

Entretanto, los servicios jurídicos del Parlamento vasco han comunicado a Atutxa que no está obligado a acatar el mandato judicial. Los expertos consideran que el acuerdo del alto tribunal vulnera "la inviolabilidad del Parlamento, constitucional y estatutariamente consagradas, y el principio de separación de poderes". Además, sostienen que la orden judicial "invade y menoscaba" la autonomía de la Cámara.

Los servicios jurídicos apoyan que se plantee un conflicto de jurisdicción, como propone IU, pero admiten que tiene pocas posibilidades de prosperar. Por esa vía se dirimen las diferencias entre instituciones del Estado.

INDEFENSIÓN

Por ello, proponen una reforma del reglamento, que superaría el plazo del ultimátum del Supremo, o una resolución de la presidencia, como sugiere el PSE. Los expertos subrayan que el reglamento no contempla la "disolución judicial" de los grupos parlamentarios. Y alegan que esta situación genera "indefensión" al Parlamento vasco.

Fuentes de la presidencia aseguraron ayer que no les "impresiona" la orden del Supremo, y que se limitarán a cumplir con la legalidad "hasta el final y pase lo que pase".