El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, abogó ayer por modificar la doctrina de ese tribunal, que en 1983 estableció que los escaños pertenecen a los parlamentarios y no a los partidos. Jiménez de Parga ya criticó entonces esa decisión en un artículo periodístico.
El alto tribunal adoptó aquel criterio cuando cinco concejales del Partido Comunista de España en el Ayuntamiento de Madrid fueron expulsados de esa formación. El alto tribunal dictaminó entonces que esos ediles debían conservar su cargo público porque "su permanencia" no podía quedar "subordinada a ningún poder que no emane de la voluntad popular", es decir, del partido político que les presentó.
Jiménez de Parga recordó ayer, en conversación con un grupo de periodistas, que él nunca compartió el criterio del Constitucional y subrayó que las circunstancias actuales, tras la traición de dos diputados del PSOE en la Asamblea de Madrid, le han dado la razón. Otras fuentes indicaron que aquella interpretación tenía su razón de ser en los años 80, pero que ahora debería cambiar. Las listas son cerradas y no se votan a las personas, sino a los partidos.
EL CASO DE BATASUNA
De Parga admitió que no es fácil cambiar un criterio jurisprudencial y descartó que esa modificación pueda adoptarse, por ejemplo, cuando se resuelva el recurso de amparo presentado por Batasuna contra la disolución de Sozialista Abertzaleak.
El Ministerio de Administraciones Públicas, por otra parte, anunció ayer que convocará a la mesa del pacto antitransfuguismo para analizar los casos que se hayan producido tras las últimas elecciones y la extensión de los acuerdos a las autonomías.
