La Mesa del Parlamento vasco ratificó ayer la "imposibilidad legal" de cumplir las medidas que el pasado día 18 fijó el Tribunal Supremo para hacer efectiva la disolución del grupo Sozialista Abertzaleak. No obstante confirmó que, para "salvaguardar la responsabilidad" del interventor de la Cámara, ya no pagará a los herederos de Batasuna los 30.000 euros mensuales. La decisión se adoptó con los votos de PNV, EA e IU que, en una nota de 5 puntos rechazada por PP y PSE, dicen no tener voluntad de "desprecio o desobediencia" a las decisiones judiciales.
El texto que se enviará al Supremo dice que la Mesa no pretende "lanzar retos al estado de Derecho" sino defender la "autonomía" de la Cámara. Aducen que la Mesa debe velar por el "correcto cumplimiento" del reglamento y que éste no prevé la disolución de un grupo parlamentario.
"SIN FUNDAMENTO LEGAL"
El texto confirma que la Mesa "ampara" al interventor general y al letrado mayor requeridos por el Supremo para cumplir las órdenes del tribunal y apunta la "falta de fundamento legal" en lo que Atutxa tildó de una "nueva intromisión" en la "organización jerárquica" del legislativo.
El PP y el PSE reclamaron que se cumpla el auto del Supremo y se opusieron a que los servicios jurídicos de la Cámara defiendan a los miembros de la Mesa a los que la fiscalía acusa de desobediencia.
