El Gobierno de José María Aznar desató ayer las hostilidades contra Pasqual Maragall, sin esperar siquiera a que el Parlamento catalán le invista como presidente de la Generalitat. Tras esgrimir el compromiso del PSC y ERC de convocar una "consulta general" si el nuevo Estatuto catalán es rechazado por las Cortes, el ministro portavoz, Eduardo Zaplana, alertó a Maragall de que, de hacerlo como referendo, incurrirá en un delito penado con 5 años de prisión.

Tras un Consejo de Ministros sin apenas contenido, Zaplana dedicó casi toda su comparecencia a analizar con lupa el programa de gobierno pactado por la izquierda catalana. Aunque prometió tener una "relación institucional exquisita" con la Generalitat, el portavoz encendió la polémica cuando, por iniciativa propia, criticó la previsión de celebrar una "consulta general" a la ciudadanía --con "el procedimiento que se estime más oportuno"-- si el Congreso aborta la reforma estatutaria que emane del Parlamento autonómico.

FÓRMULAS DIVERSAS El ambiguo enunciado pergeñado por los socialistas para aplacar a ERC, que llegó a proponer un referendo previo a la remisión del proyecto a las Cortes, podría englobar cualquier fórmula de participación ciudadana, incluida una convocatoria electoral anticipada. Un matiz que Zaplana decidió soslayar para dar por sentado que PSC y ERC piensan celebrar un "referendo ilegal".

"Saquen ustedes sus conclusiones. A lo mejor precisamente porque (los socialistas) sabían que esto se iba a firmar es por lo que no podían apoyar la reforma del Código Penal", apuntó, en alusión al cambio legal del PP para castigar con hasta cinco años de cárcel al lendakari, Juan José Ibarretxe, si convoca el referendo sobre su plan soberanista.

Muchas fueron las preguntas que brindaron luego a Zaplana la oportunidad de atemperar unas palabras que se interpretaban como una amenaza de prisión para Maragall. El ministro sólo aclaró que, aunque "el Gobierno no quiere que nadie vaya a la cárcel", el Estado de derecho "no puede estar al capricho de cualquiera", que "la ley debe ser igual para todos" y que "no puede haber dos varas de medir". "Que se sepa que convocar un referendo es ilegal, y cuando alguien se salta la ley tiene que tener una sanción", había dicho.

De "disparate" calificó Zaplana el programa de gobierno consensuado por PSC y ERC y denunció que muchos apartados "incumplen clarísimamente" la Constitución. El ministro expresó el "desasosiego" y la "gran preocupación" del Gobierno por el "sometimiento" del PSOE.

"ANTES ROJA QUE ROTA" El ministro parafraseó al político fascista José Calvo Sotelo, que antes de la guerra civil dijo preferir una "España roja antes que rota", para acusar al PSOE de querer una España rota antes que gobernada por el PP.