El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, parece decidido a seguir en el ojo del huracán hasta apurar sus días en el cargo. En una decisión que suscitó el rechazo de sectores del mundo judicial y de todos los partidos menos el PP, Cardenal ordenó ayer perseguir a quienes participaron en manifestaciones ante sedes de la formación conservadora durante el sábado 13 de marzo, jornada de reflexión, exigiendo información sobre la autoría de los atentados del 11-M.

Cardenal instó a los fiscales jefe de los tribunales superiores y audiencias provinciales a trasladar al juzgado de guardia las denuncias que hayan recibido por las concentraciones que reunieron a miles de personas ante sedes del PP como denuncia por la falta de transparencia informativa del Ejecutivo de José María Aznar. La medida se basa en el fallo de la Junta Electoral Central, que la madrugada del lunes consideró las concentraciones contrarias a la ley electoral.

SIN PRECEDENTES El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Antonio Camacho, cargó contra la petición de Cardenal, que tildó de "incomprensible" porque, dijo, prescinde de la previsión legal por la cual los fiscales valoran la existencia o no de delito antes de trasladar una denuncia al juzgado. Camacho subrayó que no hay precedentes.

El rechazo político a la petición del fiscal general fue un clamor. El dirigente del PSOE Juan Fernando López Aguilar afirmó que la pretensión de condenar a los manifestantes del 13-M es "jurídicamente descabellada" y la actuación de Cardenal, "sumamente desafortunada desde el punto de vista jurídico y reveladora desde el punto de vista político". El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, aseguró que Cardenal podría haber prevaricado. Coalición Canaria y el BNG se sumaron a las críticas.

Por su parte, el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, calificó de "escándalo" la actuación de Cardenal, que según su homólogo en la Generalitat catalana, Josep Maria Vall¨s, se ha movido por "criterios políticos". El PSC, ERC, ICV y CiU denostaron la actuación del fiscal general.