El Congreso aprobó ayer una propuesta que insta al Gobierno a presentar una ley que garantice el reconocimiento moral y económico de las víctimas de la guerra civil, del franquismo y de quienes lucharon por las libertades durante la transición. Sólo el PP no apoyó el texto.

Esa ley deberá incluir la indemnización de los trabajadores muertos en manifestaciones posteriores a la muerte de Franco en 1975 y anteriores a la ley de amnistía del 6 de octubre de 1977, periodo en el que Manuel Fraga era ministro de Gobernación --y supuestamente dijo la famosa frase "la calle es mía"-- y en el que se produjeron los "sucesos de Vitoria". Seis obreros murieron en 1976 en el desalojo policial de una asamblea obrera en la iglesia de San Francisco.

RECELOS POPULARES Los socialistas atribuyeron ayer a este asunto los recelos del PP, cuyos diputados se abstuvieron en su mayoría, menos seis, que votaron en contra. El diputado popular Manuel Atencia argumentó que "no hay víctimas de la transición, ya que la dictadura termina, y comienza el camino a la democracia".

La iniciativa parlamentaria partió del PNV, el BNG y Eusko Alkartasuna. Una enmienda del PSOE permitió que el resto de grupos se sumara al consenso, salvo el PP. El proyecto de ley permitirá, según señaló el socialista Ramón Jáuregui, conceder a las víctimas del franquismo durante la dictadura y la transición ayudas semejantes a las que otorga la vigente ley de víctimas del terrorismo.

Según el texto aprobado, el Gobierno deberá presentar antes de final de año un informe sobre el estado actual de las ayudas por este motivo concedidas por las autonomías, y una relación de las soluciones para resarcir a las víctimas. El Ejecutivo deberá partir del acuerdo unánime que aprobó la comisión constitucional del Congreso el 20 de noviembre del 2002, en el que se reconoció moralmente a las víctimas del franquismo, pero no se concretaron las ayudas.

En ese informe deberán incluirse "propuestas específicas de programas, medidas y actuaciones concretas para la mejora de la situación actual" que se discutirán en la comisión constitucional del Congreso a partir de enero, para que se aprueben cuanto antes por el Parlamento.

Además del caso de Vitoria, la ley incluirá, entre otros, los de las dos muertes de Montejurra en 1976: el estudiante Arturo Ruiz, que fue asesinado en enero de 1977 por los Guerrilleros de Cristo Rey en Madrid, y el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha ese mismo mes.

El PSOE y ERC aparcaron la polémica sobre si los etarras que actuaron antes de la muerte de Franco eran o no víctimas del régimen. Joan Tard , de ERC, citó ejemplos de sumarios que deben anularse, y Jáuregui le replicó que no trasladase "viejas divisiones que la sociedad española no aceptaría por maniqueas y falsas".