Sin posibilidad de acuerdo. La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quiere imponer a sus candidatos en la renovación de altos cargos de la carrera judicial, mientras que la minoría progresista pretende un reparto proporcional.

Las divergencias se concretaron ayer tras el abandono de los vocales progresistas de la comisión de calificación que debe elegir a los candidatos para esos puestos.

La comisión de calificación está integrada por cinco vocales, tres conservadores y dos progresistas. Ayer tenían que designar una terna para nombrar a los presidentes de los tribunales superiores de Cataluña y de Murcia, y al presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. No fue posible porque los progresistas bloquearon esa decisión, ya que ninguno de sus candidatos tenía posibilidades de lograr el puesto.

Los conservadores defienden la candidatura de la magistrada María Eugenia Alegret, afiliada a la Asociación Profesional de la Magistratura al frente del Tribunal Superior de Cataluña. A esta plaza también opta el actual presidente, Guillem Vidal, próximo a los jueces progresistas. Sin embargo, la mayoría conservadora no quiere renovarle porque sostiene que ya ha cumplido dos mandatos. Tampoco hay acuerdo en la presidencia de la sala penal de la Audiencia Nacional a la que aspira, entre otros, el juez Baltasar Garzón.

MEDIACIÓN La minoría progresista solicitó ayer la mediación del presidente del CGPJ, Francisco Hernando. Los vocales progresistas califican de "obscena" la actitud de la mayoría conservadora, a la que acusan de haber colocado a todos sus candidatos en la sala penal del Supremo, al 80% de ellos en las otras salas del alto tribunal, y al 83% en las presidencias de las Audiencias Provinciales. Por ello, acusan a la mayoría de ignorar "los principios de mérito y capacidad" profesional en la designación de candidatos.