El Gobierno ha dado con la fórmula más sencilla para lograr aprobar rápidamente una reforma legal que le permita llamar a la participación en el próximo referendo sobre la Constitución Europea, previsto para el próximo mes de febrero. Se trata de añadir un artículo a la ley de los referendos, aprobada en 1980, que permita al Gobierno hacer campaña para evitar la abstención de los ciudadanos y otorgue a los partidos financiación suficiente para sufragar todos sus actos electorales. Los escaños obtenidos en las últimas generales servirán de base para calcular la subvención pública.

El Ejecutivo ha elegido esta fórmula tras descartar la reforma de la ley de financiación de los partidos políticos y la ley del régimen electoral general. Aunque ambas normas requieren una modificación, cambiarlas no es tan urgente como legalizar la campaña institucional para el inminente referendo constitucional europeo. Y el consenso necesario para modificarlas --todas ellas son leyes orgánicas-- no es tan fácil de conseguir como el que suscitará la reforma de la ley de los referendos.

DINERO PÚBLICO Además de permitir la campaña institucional a favor de la participación, el nuevo artículo de la ley 2/1980 de 18 de enero establecerá las condiciones necesarias para que los partidos políticos reciban financiación pública para hacer campaña en relación al referendo. La normativa actual no prevé la transmisión de dinero público en ocasión de estas consultas populares. España no se ha sometido a un referendo de ámbito estatal desde que en 1986, la ciudadanía decidía con sus votos el acceso o no a la OTAN.

Según el proyecto que maneja el Gobierno, los partidos sólo recibirán dinero público si tienen representación parlamentaria. A diferencia de la ley electoral general, que otorga las subvenciones en función de los votos y de los escaños, esta nueva norma sólo se fijará en el número de diputados para el cálculo. En un referendo, razona el Gobierno, es imposible atribuir los votos a uno u otro partido, por lo que sería inviable otorgar financiación en función de ese baremo. En las pasadas generales, Hacienda fijó en 18.439,05 euros la subvención por cada escaño.

El PSOE ya tiene lista la propuesta de reforma y ayer mismo se la envió al portavoz parlamentario del Partido Popular, Eduardo Zaplana. El Ejecutivo quiere que esta norma surja de una iniciativa parlamentaria para dar la imagen de máximo consenso entre los partidos. Pero la tramitará como proyecto de ley si el PP presenta objeciones que puedan retrasar su aprobación.