La fiscalía de Avilés rechazó la petición de la Guardia Civil para avanzar en la investigación sobre la trama de la dinamita del 11-M. Según un informe que el Ministerio del Interior envió ayer a la comisión parlamentaria sobre la masacre, un año antes de los atentados "los fiscales de Avilés" estimaron insuficiente el dato de que Antonio Toro Castro poseía 150 kilos de explosivo y traficaba con drogas para facilitar la intervención telefónica y los mandamientos de registro de sus propiedades, las de su cuñado Emilio Suárez Trashorras y las de "un tercer objetivo" no concretado.

150 KILOS El informe señala que los fiscales no consideraron relevante el robo y tenencia de la dinamita. El documento, de apenas dos folios, va firmado por el teniente coronel Fernando Aldea Juan, jefe interino de la zona de Asturias, y lleva fecha de 20 de agosto pasado. Relata cómo el 27 de febrero del 2003 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comunicó a Asturias que a través de una fuente que no revela --la "fuente A-1"-- había tenido conocimiento de que Antonio Toro Castro "poseía 150 kilos de explosivos y traficaba con drogas".

En las fechas siguientes, los guardias vigilaron los domicilios de Toro, Trashorras y del "tercer objetivo" sin observar actividades ilícitas. También obtuvieron información del registro de la propiedad sobre los inmuebles de los familiares de Trashorras que pudieran ser utilizados para ocultar los explosivos y realizaron fotografías.

Con los datos obtenidos, el capitán de la unidad de la policía judicial de Oviedo se entrevistó con los fiscales de Avilés, les informó de la investigación y solicitó su "asesoramiento sobre la forma de judicializar" el caso "para obtener intervenciones telefónicas y registros domiciliarios" de los sospechosos.

Según el informe, los fiscales afirmaron que, con lo obtenido, "no era posible fundamentar un mandamiento de entrada y registro o de intervención telefónica", ya que las fuentes, que requerían permanecer en el anonimato, lo hacían "de muy difícil consecución".

NARCOTRÁFICO Tras ello, en mayo del 2003, los guardias orientaron las pesquisas hacia el tráfico de drogas y en junio de ese año detuvieron a Toro y registraron sus propiedades sin hallar la dinamita. Tampoco las inspecciones en la mina Caolines de Merillés y de sus depósitos auxiliares permitieron apreciar el robo de explosivos. La policía de Oviedo trabajó en la investigación hasta "septiembre- octubre" del 2003, pero "no aportó datos de interés" sobre el explosivo, según el informe.