La reapertura del caso de los anarquistas Francisco Granados y Joaquín Delgado, ejecutados en 17 de agosto de 1963 por atentados que no cometieron, ha traído cola. Excompañeros de ambos mandaron ayer una carta al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en la que solicitan al Gobierno del PSOE que "cumpla su palabra" y que anule "las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos del franquismo".

La carta está firmada por Octavio Alberola, Luis Andrés Edo y Vicente Martí, que también se ofrecen para testificar a favor de Delgado y Granados. Alberola, excoordinador de Defensa Interior --grupo antifranquista que integraban los anarquistas ejecutados--, recordó que el PSOE pidió esta anulación en la pasada legislatura. "Tienen que cumplir su palabra", dijo.

Para la Confederación General del Trabajo (CGT), esta resolución del Constitucional abre un "nuevo camino" para, después de diez años de lucha, devolver la "dignidad robada a estas personas y a sus familiares" y "recuperar la memoria histórica".