Como el lunes anunció el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, el Consejo de Ministros debatió ayer una reforma penal orientada a combatir el tráfico y mal uso de explosivos, prácticas que permitieron sacar de Asturias la dinamita empleada en los atentados del 11-M.

Un nuevo artículo del Código Penal permitirá castigar con entre seis meses y tres años de cárcel fuertes multas e inhabilitación a "los responsables de la vigilancia, control y utilización de explosivos que puedan causar estragos y que, contraviniendo la normativa, dieran lugar a su pérdida o sustracción".