El partido socialista considera llegada la hora de depurar las responsabilidades políticas por el accidente del Yakovlev 42, ocurrido en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo del 2003, en el que murieron 62 militares españoles. Por eso han pedido a la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados que depure el papel que tuvieron "los poderes públicos" en las "graves negligencias" y los errores detectados en el proceso de contratación del vuelo siniestrado y en la identificación de los cadáveres.

GESTIÓN DEL EXMINISTRO Los socialistas consideran ya probado que la responsabilidad por el accidente "no corresponde exclusivamente a las instancias militares". Así queda recogido en la proposición no de ley que ingresó en el registro del Congreso el pasado miércoles. La gestión de Federico Trillo y su equipo político --que no se mencionan en la iniciativa parlamentaria socialista-- quedará así públicamente denostada si prospera la petición del PSOE, a la que es previsible que se sumen los grupos que apoyan habitualmente al Gobierno.

La iniciativa, que será debatida y votada en febrero en la comisión de Defensa, afirma que la responsabilidad por el accidente "afecta directamente a las autoridades políticas que ejercían las máximas funciones de dirección de la Administración militar y de la Defensa" cuando se estrelló el avión, en el 2003, bajo Gobierno del PP.

El actual ministro de Defensa, José Bono, que ya ha relevado de sus cargos a dos de los generales encargados de las repatriaciones de los cadáveres desde Turquía, viene manteniendo idéntica posición que la que defiende el texto de la proposición no de ley del Grupo Socialista. Bono sostiene que además de las responsabilidades de los militares, que él ya ha depurado, debe esclarecerse el papel de los políticos en la gestión del vuelo y el accidente.

REORGANIZACIÓN Bono ordenó el pasado octubre acometer una reorganización del Estado Mayor de la Defensa como consecuencia de la investigación del accidente de Turquía, de la que informó al pleno del Congreso de los Diputados en una comparecencia monográfica el pasado 21 de octubre.

La proposición no de ley del PSOE declara que el Gobierno ha adoptado "las medidas adecuadas para garantizar la máxima seguridad en los desplazamientos al extranjero de los militares", destinados en misiones de paz y cooperación. También señala que el Ejecutivo se ha comprometido con los familiares de los fallecidos a "la justa reparación" por su pérdida y por los daños ocasionados. El PSOE cree que las "detalladas informaciones" ofrecidas por el actual ministro de Defensa al Congreso obligan a que el Parlamento haga esta declaración.