La actividad criminal de ETA ha costado al Estado 14.728 millones de euros (2,4 billones de pesetas) desde 1970 al año pasado, según un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda y que ha sido entregado al juez Baltasar Garzón, encargado de investigar las finanzas de Batasuna después decretar la suspensión de sus actividades. Esos costes incluyen desde indemnizaciones a víctimas, hasta el presupuesto de las fuerzas de seguridad, pasando por los perjuicios para la economía que se calculan por causa del terrorismo etarra.

El informe, de más de 300 páginas, señala que ETA nació en 1959 y, desde entonces, ha perpetrado 3.391 atentados con 817 muertos y 2.367 heridos. Además, entre 1991 y el 2002 ha cometido 3.761 actos de violencia callejera.

Los peritos, tras concretar las áreas en las que más ha incidido la actividad terrorista, han realizado un cálculo de los costes de los atentados. Ese cálculo se ha basado en dos variables: los costes de fácil cuantificación, como el gasto generado a las fuerzas de seguridad o el pago de pensiones e indemnizaciones, y otros de evaluación más difícil porque se apoya en estudios teóricos sobre el impacto en el PIB y la inversión en el País Vasco. Los datos son más detallados sobre el último decenio, de 1994 al 2003.

ESCOLTAS El informe refleja las partidas presupuestarias destinadas a seguridad y protección de personas y sedes de partidos políticos, seguros sobre personas y bienes, indemnizaciones y pensiones a las víctimas de ETA, así como el gasto por el encarcelamiento de condenados de la organización terrorista. Los técnicos cifran el coste en esas partidas en casi 4.000 millones de euros en los últimos 10 años. La Policía y la Guardia civil son obviamente los organismos públicos que más presupuesto han empleado en luchar contra ETA. El Gobierno vasco ha soportado un gasto de más de 600 millones de euros para combatir a la banda criminal desde 1994 al 2003.

Otra de las partidas importantes ha sido la destinada a la protección de personas. Hasta el año 2000, el servicio de protección corría a cargo de las Fuerzas de Seguridad del Estado y se prestaba a representantes de las altas instituciones de la nación, altos cargos y miembros de colectivos con grave riesgo como magistrados, fiscales, periodistas y miembros del Foro Ermua. En el País Vasco este servicio también alcanzaba a senadores, diputados y determinados representantes de formaciones políticas.

A partir del 20 de abril del 2001, ese servicio de protección se reforzó con seguridad privada. Además, en junio de ese mismo año se activó en Bilbao un centro de seguimiento de escoltas en el que están integrados funcionarios policiales y personal de seguridad privada. El importe total de lo que se ha gastado en esta materia ha ascendido, para el periodo 2001-2003, a 235 millones de euros.

LAS VÍCTIMAS Por su parte, las víctimas han percibido casi 1.000 millones de euros en indemnizaciones que han sido sufragados por el consorcio de seguros y por el Estado. Esa cantidad incluye las indemnizaciones que perciben los secuestrados por ETA que cobran una cantidad de 120.000 euros por el acto del secuestro y 180 euros por cada día de duración del mismo hasta un límite de 36.000 euros.

El estudio también analiza el efecto que ETA ha tenido en el crecimiento económico del País Vasco y concluye que ha perdido casi 90.000 millones de euros, según un estudio realizado por varios catedráticos del País Vasco. Esos expertos han establecido que Euskadi ha perdido un 10% de su Producto Interior Bruto en las décadas de los 80 y de los 90 por culpa de la organización terrorista. Y que la capacidad económica del País Vasco mejora cuando bajan los atentados.