El Gobierno, el PSOE y el PP acordaron ayer en la reunión del pacto antiterrorista poner coto a Batasuna para impedir su presencia en varios ayuntamientos importantes, evitar que siga gobernando en cinco municipios de Guipúzcoa en los que no se han constituido las corporaciones desde las elecciones locales de mayo del 2003 y que no celebren ningún acto público, incluidas ruedas de prensa.

El PP solicitó, igualmente, que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, recurra la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de archivar la querella contra Juan María Atutxa, presidente del Parlamento vasco, por no disolver el grupo de Batasuna, como ordenó el Tribunal Supremo. Pero el PSOE no se comprometió a ello. Su portavoz parlamentario, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo: "Acato la sentencia como Dios manda", y se escudó en que la decisión de presentar recurso contra la sentencia corresponde al fiscal general del Estado.

MÁS BELIGERANCIA La actividad creciente de las plataformas de la ilegalizada Batasuna en ayuntamientos importantes como Llodio, Azpeitia, Basauri o Salvatierra llevaron a los dirigentes del PP, encabezados por Mariano Rajoy y María San Gil, a solicitar una política más beligerante contra esa organización. Según dijeron Ángel Acebes y Pérez Rubalcaba, hubo acuerdo en instar a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que actúen contra las plataformas de Batasuna cuyos representantes intervienen en los plenos municipales, presentan iniciativas e, incluso, aunque no pueden votar, actúan como si fueran concejales con plenos derechos. Para ambos políticos, este comportamiento de Batasuna supone una "actuación perversa y absolutamente ilegal", que debe de ser objeto de "cuantas acciones resulten pertinentes" por parte de las instancias judiciales.

También estuvieron de acuerdo en resolver la situación de cinco ayuntamientos guipuzcoanos --Azarnazabal, Hernialde, Irura, Itxasondo y Leaburu-- que aún no se han constituido y en los que siguen mandando los alcaldes de la ilegalizada Batasuna. La Junta Electoral Central debe resolver cuanto antes esta situación, según San Gil.

El PP reprochó al Gobierno el nombramiento unilateral del alto comisionado para las víctimas del terrorismo y dejó claro que el designado, Gregorio Peces Barba, rector de la Universidad Carlos III y uno de los padres de la Constitución española, "no es de consenso". Acebes, secretario general de los populares, manifestó: "Eso no se hace", pese a lo cual se comprometió a no utilizarlo como "elemento de confrontación". Respecto a las críticas de los conservadores, Rubalcaba insistió en que la designación de Peces-Barba "da más importancia a la relación entre el Gobierno y las víctimas".

OPERACIONES POLICIALES El ministro del Interior, José Antonio Alonso, informó de las operaciones antiterroristas llevadas a cabo desde la última reunión del pacto, el 3 de noviembre. "La amenaza de ETA y del terrorismo islamista sigue siendo alta", dijo su antecesor, Acebes. Rubalcaba transmitió la felicitación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su eficacia. Después, el ministro transmitió la misma información sobre la amenaza terrorista a todos los portavoces parlamentarios en la comisión de secretos oficiales.