Veinticinco años después de la primera reclamación, el Gobierno dio ayer un paso sin vuelta atrás para que los papeles catalanes depositados en el Archivo de Salamanca sean restituidos a partir del próximo verano a sus propietarios. La devolución, sin embargo, no será completa. El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros permitirá a la Generalitat, al Parlamento catalán y a los particulares --partidos, sindicatos, entidades y personas físicas-- recuperar los legajos que les fueron expoliados por las tropas franquistas. Pero no a los ayuntamientos, que de momento deberán esperar.
La restitución "justa y legítima" que anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, deberá superar todavía el trámite parlamentario en el Congreso y el Senado. Pero la ley tiene su aprobación garantizada, dado que contará, como mínimo, con el apoyo del PSOE y sus socios --ERC e IU-ICV--, y el de CiU. Además, los primeros ya se han comprometido a pedir que se tramite en la Cámara baja por la vía de urgencia, lo que acelerará su aprobación, a pesar de que el PP ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad.
LOS CONSISTORIOS El Ministerio de Cultura, según las fuentes consultadas, se opuso a incluir a los ayuntamientos con el argumento de que la futura ley de la memoria histórica dará solución a sus reclamaciones. Numerosos consistorios de otras comunidades han reclamado también la restitución de su patrimonio, y la futura ley está previsto que dé respuesta a sus demandas.
El proyecto de ley aprobado establece que todos los papeles catalanes a devolver serán entregados a la Generalitat. Serán microfilmados a cargo del Gobierno catalán para que el Archivo de Salamanca tenga "copia auténtica" de ellos. Fernández de la Vega subrayó ayer que del archivo sólo saldrá el 3% de los originales, pero que seguirá conservando el 100% de sus fondos.
El portavoz de la Comisión de la Dignidad valenciana, Josep Guia, aseguró que con esta ley "no se hace justicia". "Hay toneladas de papeles que no van a volver. No se reconoce el expolio ni el delito franquista", añadió Guia. Decenas de ayuntamientos valencianos tienen intención de pedir el retorno de documentos.
En Castilla y León, la decisión del Gobierno causó un fuerte malestar. Todas las opiniones coincidieron en señalar como causante de la devolución el apoyo de ERC al Gobierno. Según el presidente de la comunidad, Juan Vicente Herrera (PP), se sienta "un gravísimo precedente" y se abre "una ventanilla a todo tipo de reclamaciones que van a llevar al final del archivo". Por su parte, el secretario general del PP, Ángel Acebes, señaló que la destrucción "del patrimonio común" forma parte del acuerdo con los independentistas vascos y catalanes".
