El juez Santiago Pedraz pidió ayer la detención de tres militares estadounidenses implicados en la muerte del cámara de Tele 5 José Couso en Bagdad (Irak). El magistrado explica que toma esta decisión porque la Administración de George Bush se ha negado a colaborar con esta investigación.

El fiscal anunció ayer que recurrirá contra la decisión y el Gobierno vinculó la medida a una "decisión judicial de un país democrático". El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, confió en que no afecte a las relaciones bilaterales.

El magistrado de la Audiencia Nacional pidió, el pasado junio, interrogar a los tres militares. Pero la Administración de Bush ha dado la callada por respuesta. En abril del 2004, el juez también reclamó la colaboración del fiscal general de EEUU, que tampoco atendió su solicitud.

EXTRADICIÓN Por este motivo, el juez ha dado un paso más y ha ordenado la busca y captura del sargento Thomas Gibson, del capitán Philip Wolford y del teniente coronel Philip de Camp. Asimismo, cursó órdenes de detención contra esos mandos para que puedan ser extraditados a nuestro país y sean juzgados.

El 8 de abril del 2003, una de las divisiones del Ejército de EEUU disparó contra el Hotel Palestina, en el que estaba alojada la prensa. Couso falleció. Para el juez, estos hechos constituyen un delito contra la comunidad internacional y otro de asesinato. El magistrado considera que los tres militares son responsables criminalmente de estos hechos "por las declaraciones de los testigos, la documentación aportada y las declaraciones de los inculpados".

Los tres militares han admitido ante la prensa su responsabilidad. El coronel De Camp, en una entrevista publicada en Los Angeles Times, afirmó: "Lamento decirlo, pero soy el tipo que mató a los periodistas". Gibson explicó en Tele 5: "No disparé inmediatamente sobre él. Llamé a mis jefes. Diez minutos después me llamaron y me dijeron que disparara sobre él y eso hice".

La fiscalía de la Audiencia Nacional recurrirá hoy la decisión del juez y alegará que Pedraz no puede investigar la muerte del periodista porque se ha producido en "el ámbito de un conflicto bélico". No obstante, la decisión del juez Pedraz tiene implicaciones políticas, ya que el Gobierno será el encargado de tramitar una eventual solicitud de extradición ante EEUU. El convenio de extradición de EEUU con España permite la entrega de nacionales, pero establece una excepción cuando se trata de acciones militares.