La Audiencia Nacional ha recibido preocupantes informes hospitalarios y forenses sobre el estado de salud del etarra Iñaki de Juana Chaos. Los jueces han decidido remitir esos documentos al fiscal y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo para que conozcan la situación, antes de tomar una decisión.

El etarra ha sido visitado por el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa el 14 y 15 de enero, a petición del defensor de De Juana. Los miembros del comité se entrevistaron con el interno, así como con los médicos que le atienden, autoridades judiciales e institucionales, abogados y representantes del Colegio de Médicos.

Fuentes relacionadas con organismos de derechos humanos han informado de que la situación de De Juana es preocupante. El interno empezó una huelga de hambre el pasado agosto cuando se enteró de que el fiscal le iba a reclamar 96 años de cárcel por escribir dos artículos en Gara. No obstante, interrumpió esa decisión cuando la fiscalía varió su postura y anunció que iba a rebajar su petición inicial.

En noviembre, tras ser condenado a 12 años años y medio de cárcel, inició otra huelga de hambre. Cuando la empezó en agosto, pesaba 86,9 kilos. El viernes solo llegaba a los 54,7.

ALIMENTACIÓN A LA FUERZA Los médicos del madrileño Hospital Doce de Octubre decidieron alimentarle a la fuerza desde primeros de diciembre hasta después del 6 de enero. Durante 12 horas al día, le maniataban y le obligaban a recibir alimentación por sonda nasogástrica hasta que alcanzó 62 kilos. Pero los facultativos desconocen la evolución de ese tratamiento.

Esas fuentes han señalado que los médicos calculan el peso mínimo al que puede llegar una persona antes de que su situación sea irreversible. En esos casos, las fuentes consultadas explican que en esos supuestos, la alimentación forzada queda "fuera de la ley" y entra en el terreno humanitario. "Si ese caso se produce, lo lógico es que se le deje morir en casa", dicen.

El Tribunal Supremo prevé revisar la sentencia de la Audiencia en un mes. La sala estará formada por cinco jueces, aunque no se descarta que participen todos los jueces --doce-- que integran el pleno de la sala penal.