Más de 45.000 personas, según datos del Ayuntamiento de Bilbao, se manifestaron ayer en esta ciudad para mostrar su apoyo al lendakari Juan José Ibarretxe, que declarará mañana en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por haberse reunido con dirigentes de la ilegalizada Batasuna.

La marcha, que transcurrió en silencio y sin incidentes, concluyó con la máxima solemnidad al intervenir ante los manifestantes los otros dos lendakaris de la democracia, Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza, quienes denunciaron la politización de la justicia y exigieron el archivo de la "injustificable" causa abierta contra Ibarretxe.

El presidente del Gobierno vasco renunció a asistir a la manifestación que llevaba por lema En defensa de nuestras instituciones. Convocada por el tripartito vasco y Aralar, los principales responsables de estos partidos y el Gobierno autonómico en pleno acudieron a la cita, aunque la pancarta que abría la marcha era portada por una veintena de ciudadanos anónimos. No se coreó ni un grito y apenas se vieron algunas ikurriñas.

Desestabilizar al EstadoEl PP y el PSE no secundaron esta movilización al considerar que se trataba de un intento de presionar a los jueces. El secretario de los populares vascos, Carmelo Barrio, acusó al PNV de haberse convertido en "una Batasuna de salón" y de intentar desestabilizar el Estado de derecho. Por su parte, el portavoz parlamentario socialista, Juan Carlos Pastor, admitió que "compartía el malestar y desconcierto" de los peneuvistas por la actuación del TSJPV, aunque les reprochó su "victimismo", y definió la manifestación de ayer como "el inicio de la precampaña del PNV".

En el acto que cerró la protesta solo tomaron parte Garaikoetxea, el primer lendakari tras la dictadura y fundador de Eusko Alkartasuna tras la escisión del PNV, y su sucesor, el peneuvista José Antonio Ardanza. Ambos leyeron un documento en el que se reclamaba el derecho de Ibarretxe a ejercer la política "sin la amenaza de la judicialización".

El texto alertaba también del riesgo de "criminalización del diálogo", una actitud en la que habría incurrido la Sala de lo Penal del Tribunal Superior Vasco. La imputación del lendakari como cooperador necesario en un delito de desobediencia, por su reunión con tres miembros de Batasuna en abril, fue interpretada por los convocantes de la marcha como "un ataque al conjunto de la sociedad vasca", una falta de respeto institucional y "una interferencia política".

En el documento se aludía a la "preocupación" que vive Euskadi en busca de la paz, por lo que se considera especialmente grave la progresiva judicialización de la política, "que ha llegado hasta el extremo inimaginable de criminalizar al lendakari" por haber afrontado el mandato de la ciudadanía de alcanzar "acuerdos mediante el diálogo".

Sin embargo, también hubo un reconocimiento expreso a la "integridad encomiable" de "muchos" jueces que desarrollan su tarea en Euskadi pese a las amenazas de ETA. Así, se recordó a los miembros de la carrera judicial asesinados por la banda.

Finalizada la lectura del escrito, Ardanza transmitió a los manifestantes el agradecimiento de Ibarretxe, que horas antes se había puesto en contacto con sus dos predecesores para comunicarles que no acudiría para no acaparar protagonismo.