El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dio ayer un paso más para conocer si hicieron escala en España algunos de los vuelos que la CIA, la agencia de espionaje de EEUU, fletó para trasladar, presuntamente de forma ilegal, a detenidos acusados de terrorismo. El magistrado solicitó al Consejo de Ministros que desclasifique cuantos documentos obren en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre este asunto.

Moreno justifica su petición "en la gravedad de los hechos" que se investigan. Reconoce que podría resultar dañada la seguridad del Estado, pero argumenta que este es "un valor constitucional que también puede verse afectado negativamente por la no aportación de los documentos". Aun así, reconoce que "tendrá que ponderarse" si podría dañarse la efectividad y la integridad física de los agentes.

Según fuentes gubernamentales, en principio el Ejecutivo no tiene inconveniente en levantar el secreto, impuesto por el anterior ministro de Defensa, José Bono. Antes se cerciorará, en todo caso, que la desclasificación no colisione con la ley de secretos oficiales.

La solicitud La petición de Moreno se refiere al vuelo que presuntamente trasladó al alemán Khaled el Masri y a los que enunció el ministro de Exteriores en el Congreso en noviembre del 2005. El juez también solicita saber si consta el uso de aeropuertos españoles en los supuestos mencionados por el Consejo de Europa, que concluyó que España y otros 13 países colaboraron con la CIA.

Sin embargo, el juez y el fiscal rechazan citar como imputados, tal como le solicitó la Asociación Libre de Abogados, a 13 tripulantes del avión que trasladó a El Masri, porque cree que la "plena identificación" de los agentes deberá ser contrastada.

Asimismo, el magistrado y la fiscalía rehúsan citar a los exdirectores del Cesid y del CNI Jorge Dezcallar y Alberto Sáiz, al periodista de El País José María Irujo y al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil Robles.

El juez argumenta que no son testigos de los hechos y que únicamente podrían aportar información relacionada con sus cargos, datos que en el caso de los primeros ya han sido solicitados. No obstante, el juez ha señalado que los testigos pueden ser citados más adelante.