La Ertzaintza ha disuelto este mediodía con material antidisturbios una concentración contra la tortura ante el Palacio de Justicia de San Sebastián, donde declaran como imputados ocho guardias civiles que participaron en el arresto y custodia de los presuntos etarras Igor Portu y Martin Sarasola. La concentración, que había sido convocada por el Movimiento pro Amnistía, comenzó minutos después de las doce del mediodía y en ella tomaban parte varias decenas de personas que desplegaron una pancarta con el lema "Torturadores fuera de aquí. Ya basta".

Algunos de los congregados, entre los que se encontraban los dirigentes de la izquierda abertzale Josetxo Ibazeta e Idoia Ibero, entre otros, portaban carteles con la figura de un guardia civil y la frase "Tortura democrática". Agentes de la Ertzaintza establecieron un cordón frente a los concentrados e identificaron al menos a tres de ellos, momento en que los participantes en la protesta comenzaron a corear lemas como "Libertad de expresión", "Aquí se tortura", "PNV español" o "Cipayos, siervos de España", en referencia a la Ertzaintza.

Ante estos insultos, uno de los agentes se dirigió a los congregados y les conminó a que retiraran los carteles porque, de lo contrario, la concentración quedaría prohibida, pero pese a esta advertencia, únicamente retiraron los referidos a la Guardia Civil pero no la pancarta. Cuando parecía que la concentración iba a concluir con el canto del Eusko Gudariak (himno al soldado vasco), los ertzainas les disolvieron con dos cargas de material antidisturbios.

Mientras se producían estos incidentes, proseguía la declaración de los ocho agentes de la Guardia Civil imputados por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián, que investiga las lesiones sufridas por el presunto etarra Igor Portu y su compañero Martín Sarasola durante su detención y traslado.

Antes de que la Ertzaintza disolviera a los concentrados, un portavoz del Movimiento pro Amnistía, Josu Esparza, ha explicado a los periodistas que es "positivo" que en un juzgado se investiguen casos de tortura, aunque luego generalmente no son condenados o se les indulta.

Ha añadido que los imputados en este caso "son personas al servicio del Estado que han venido a hacer la guerra a Euskal Herria", ha acusado al PSOE de ser "el responsable máximo de que aquí se torture" y ha indicado que, aún en el caso de que los ocho acusados resulten condenados, no se va a solucionar el problema de la tortura porque "el Estado la utiliza sistemáticamente para conseguir objetivos políticos".