El Gobierno autorizó ayer la entrega del militar Ricardo Miguel Cavallo a Argentina, aunque dejó en manos de la Audiencia Nacional la decisión de juzgarle antes por los delitos cometidos durante la dictadura militar (1973-1986). La fiscalía pide para el represor 17.000 años de cárcel por la desaparición de 407 personas, el asesinato de siete y las lesiones de 152.
El Ejecutivo español accedió a la entrega tras ser instada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que la autorizó en mayo del 2007 con el consentimiento del reclamado. México también permitió la entrega a Argentina el 7 de febrero.
A pesar de ello, el Gobierno permite que la entrega quede suspendida "hasta que el reclamado deje extinguidas las responsabilidades contraídas en territorio nacional", según una nota oficial. También aclara que las autoridades judiciales pueden "hacer uso de la entrega temporal" de Cavallo, que puede ir a Argentina para ser juzgado y después regresar a España o viceversa.
La Audiencia Nacional ha superado ya los últimos trámites para sentar en el banquillo a Cavallo. La fiscala Dolores Delgado pide una pena de 13.000 años de cárcel y una máxima de 17.000 por genocidio y terrorismo.
