Dos de los 26 detenidos por la presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Estepona pasaron ayer su primera noche en la cárcel. La jueza que instruye el caso dictó los dos primeros autos de prisión incondicional sin fianza para José Ignacio Crespo (PES), que fue primer teniente de alcalde en el anterior mandato y ahora era concejal en la oposición, y para Javier Wittmeur, técnico de Urbanismo y miembro de la lista del Partido Estepona (PES), heredero del GIL, en las últimas municipales.
Los cargos que se les imputan son los de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación de fondos. Crespo ya había sido condenado, junto con cuatro exconcejales del GIL, a abonar 900.000 euros que no estaban justificados en la contabilidad de nueve sociedades municipales creadas por el GIL entre 1995 y 1999.
