Sin sorpresas. El exjefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Antonio Moreno Barberá, y el exjefe del Estado Mayor Conjunto (Emacon), el general Juan Luis Ibarreta, defendieron ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska su gestión en la contratación del Yak-42, en el que perdieron la vida 62 militares en mayo del 2003.

La investigación sobre las condiciones de contratación del vuelo fue reabierta por el magistrado por orden de sus superiores. El fiscal imputó a los dos mandos militares y a otros tres altos cargos de Defensa por homicidio grave por imprudencia.

Las declaraciones de Moreno e Ibarreta se prolongaron, cada una, durante una hora. Los mandos coincidieron en asumir la responsabilidad de la tragedia, aunque explicaron que volverían a hacer "el mismo sistema de vuelos" que el del Yak-42.

NINGUNA QUEJA También explicaron al juez que no habían recibido ninguna queja, antes del siniestro, sobre las condiciones de seguridad de los aviones. Asimismo, subrayaron que el mismo avión siniestrado había realizado tres vuelos anteriores y que incluso un pasajero de uno de esos vuelos había hecho un informe favorable sobre las condiciones de seguridad que ofrecía el aparato. Los altos mandos también exculparon al exministro de Defensa Federico Trillo de toda responsabilidad.

LOS CONTRATOS El ex-Jemad aclaró al juez que desconocía la operatividad de los aviones y los contratos, aunque explicó que un 20% de los aparatos eran sometidos a inspecciones operativas, y no técnicas. También señaló que ordenó la suspensión de los vuelos tras el accidente. Por su parte, Ibarreta asumió la decisión de suspender los vuelos mixtos (carga y pasajeros) tras la tragedia. Hoy comparecen ante el magistrado los otros tres mandos militares imputados.