El juez Baltasar Garzón pidió ayer que le sean remitidas las relaciones de personas desaparecidas o fallecidas por las actividades de los tribunales creados "durante la defensa republicana de la capital en la guerra civil" para incluir estos datos en la lista que elabora, desde el 1 de septiembre, sobre las víctimas del franquismo. Asimismo, ordenó a la Conferencia Episcopal que le facilite la información que guardan las parroquias sobre desaparecidos.

El magistrado confirmó que en una semana decidirá si es competente para investigar los delitos cometidos durante la guerra civil y el franquismo. La fiscalía se opone frontalmente a esta investigación por considerar que el posible delito ha caducado por la ley de amnistía de 1977. Garzón no adelanta su decisión, en la providencia que dictó ayer, aunque advierte de que su juzgado puede iniciar la investigación.

En cualquier caso, tiene ya en su poder una relación elaborada por las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica con el nombre de 143.000 desaparecidos. A estos datos se unirán los de otros nueve organismos que guardan documentación sobre este periodo.