Las asociaciones de familiares de víctimas de la guerra civil y la dictadura aplaudieron ayer la decisión del juez Baltasar Garzón de investigar la represión franquista y autorizar la apertura de 19 fosas comunes, entre ellas aquella en la que supuestamente está enterrado el poeta Federico García Lorca.
El presidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, subrayó que "ya era hora" de que el Estado, a través de la justicia, resarciera a las víctimas del franquismo. "La decisión de Garzón representa un gran empujón para hacer justicia a los padecimientos de familias que vivieron 40 años gobernados por sus asesinos", indicó Silva.
La Federación estatal de foros de memoria histórica subrayó que el auto "restaura la legitimidad" del Gobierno de la República al reconocer que hubo "un golpe de Estado contra las altas instituciones del Estado y un plan preconcebido de exterminio de todos los demócratas".
LOS TEMORES La única agrupación que se mostró crítica fue el Foro por la memoria. Su portavoz, María José Gallego, expresó su temor a que el juez "no se atreva" a llegar hasta el final y "juzgar a ninguno de los responsables" de la represión que todavía están vivos. En esta línea, Amnistía Internacional afirmó que la iniciativa de Garzón "tiene que ser un primer paso" que lleve a juzgar a los culpables de la represión franquista.
