La dirección del PP hizo ayer un alto en sus vacaciones para reunirse en Madrid y terminar de perfilar la que será su estrategia de oposición para el otoño. Si de los conservadores depende, se hablará mucho de crisis, de gripe A y de pinchazos telefónicos, según explicó la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, en una rueda de prensa cuya convocatoria había creado gran expectación: no en vano, ella fue quien denunció que dirigentes de su partido no implicados en el caso Gürtel estaban siendo objeto de escuchas ilegales. Y era de esperar que, habiendo protagonizado una denuncia de semejante relevancia, en su primera comparecencia pública diese nombres de los supuestamente espiados y exhibiese pruebas. Pues ni una cosa ni la otra.

La lógica del PP pasa ahora por sostener que no son los denunciantes, sino los denunciados, los que tienen la obligación de investigar y de explicarse ante la opinión pública. Justo el argumento contrario al que recurren cuando defienden la presunción de inocencia de sus cargos imputados.

"En cualquier país democrático, si la oposición dice que se siente observada y se le está espiando, lo que hace el Gobierno es abrir una investigación y no insultar a la oposición o salir corriendo", recalcó ayer De Cospedal. ¿Eso significa que los populares presentarán una nueva denuncia sobre pinchazos, completa y detallada, en los tribunales? Pues tampoco. Para la enigmática secretaria general, basta con echar un vistazo a los medios de comunicación para entender de qué está hablando y qué es lo que se debe investigar.

En fin. Está por ver si el magistrado a cuyas manos llegue la denuncia que presentó en julio el PP (que nada dice de pinchazos a sujetos no ligados al caso Gürtel) es capaz de entender que, entre líneas, se está insinuando pinchazos en los teléfonos de De Cospedal, de Federico Trillo y de Francisco Camps. Si no lo es, el PP amenaza con ir a Europa.