Más o menos a la hora en que el expresidente del Palau de la Música Félix Millet y su mano derecha Jordi Montull salían de la cárcel --en la que estaban desde el pasado día 17, acusados de posibles delitos de apropiación indebida y tráfico de influencias en relación al proyecto urbanístico del hotel del Palau--, la jueza Miriam de la Rosa Palacio imputó al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Ramon García-Bragado, a su gerente, Ramon Massaguer y al arquitecto Carles Díaz por "esconder una operación especulativa" durante la tramitación del hotel que debía construirse en los aledaños del Palau de la Música.

El alcalde, Jordi Hereu, resolvió la crisis política abierta por el auto judicial de forma imprecisa: apartó a García-Bragado del área de Urbanismo, pero lo mantiene como teniente de alcalde y con los galones intactos en las áreas de Infraestructuras, Vivienda y Régimen Interior, materias en las que ya era competente.

La decisión de Hereu obedece a que no hay apropiación indebida y la jueza no da por seguro nada y señala, en estos momentos del proceso, que "es posible" que García-Bragado y Massaguer ocultaran que el solar que se debía recalificar había cambiado de manos y pertenecía, al iniciarse los trámites, a un particular (Olivia Hotels) y no al Palau de la Música. Es decir, que hay indicios de que faltaron a la verdad con el objetivo de "esconder una operación especulativa".

Hay otra razón. Cree Hereu, y muchos otros en el PSC, que, tras todas las revelaciones que han acompañado al caso Palau y que, como mínimo, arrojan sombras sobre CiU, es injusto que el primer político en caer, y no por apropiación indebida ni por financiación irregular del partido, sea García-Bragado.

Un estado de ánimo que se exacerbó, no solo tras ver al dúo de saqueadores --Millet y Montull-- de nuevo libres, sino también cuando el portavoz de CiU, Joaquim Forn, pidió la dimisión del teniente de alcalde.