El fin de ETA está próximo. Lo han dicho el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, y hasta el portavoz de la ilegalizada Batasuna, el encarcelado Arnaldo Otegi. Pero nadie explica cómo se producirá ese final, seguramente porque nadie sabe muy bien cómo será y, a la vista de las ocasiones frustradas en el pasado, nadie se atreve a asegurar que esta vez será la definitiva.

Sí se conocen algunos datos objetivos. El más relevante, que ETA lleva más de un año sin atentar, desbaratada su capacidad operativa por el acoso policial y --según dicen-- agujereada como un queso gruyer por la infiltración de los servicios de seguridad españoles y franceses.

El otro dato significativo es la presión que está recibiendo desde su rama política para que abandone definitivamente la violencia --que ahora consideran como un obstáculo-- de tal forma que Batasuna --con el nombre que elija para rebautizarse-- vuelva a la legalidad y pueda concurrir a las elecciones. Sus dirigentes aspiran a poder presentarse ya a las municipales de mayo del 2011.

COMUNICADO DEFINITIVO Esa es la razón de la impaciencia con que la izquierda aberzale proclama la inminencia de lo que entiende como el comunicado definitivo de ETA, ese en el que la cúpula etarra, asumiendo las sugerencias del movimiento que lidera Arnaldo Otegi y de un puñado de premios Nobel de la Paz irlandeses y surafricanos, anunciaría una tregua "unilateral, incondicional, permanente y verificable".

Ese documento abriría, a su juicio, el camino de la legalización para la cual la izquierda aberzale ya tiene preparados los estatutos de un nuevo partido que rechaza la violencia. Su planteamiento parece definitivo, pero despierta muchos recelos, fundados en la desconfianza sobre las auténticas intenciones de ETA, por lo que se encontrará con los obstáculos que le van a poner el Gobierno y la justicia y que podrían impedir su presencia en los comicios del 2011 e incluso, según algunas fuentes consultadas por este diario, en los legislativos del 2012. "Hasta las elecciones autonómicas del 2013 no deberían poder presentarse y siempre que en ese plazo hayan demostrado que la banda terrorista ha abandonado o ellos están completamente desvinculados de ETA", aseguraba un dirigente socialista vasco.

LEY DE PARTIDOS De hecho, fuentes de los ejecutivos de Rodríguez Zapatero y de Patxi López explicaban que la ley de partidos no exige solo para la legalización que el nuevo grupo rechace la violencia, sino también la desconexión absoluta de sus miembros con ETA. "Y la verificación de que eso es así puede ser lenta", apuntaban.

"Después del esfuerzo que hicimos en el proceso de paz del 2006, no podemos volver a caer en su trampa", señalaba una de las personas consultadas que, convencida de que la evolución de la izquierda aberzale hacia la política es sincera, cree que sus dirigentes no han dado los pasos necesarios para demostrarlo y mantiene una gran desconfianza sobre las intenciones de ETA. La reflexión de este dirigente socialista refleja la opinión de la mayoría de sus compañeros que ven movimientos pero no quieren pecar de ingenuos.

Lo decía también el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, el pasado viernes en El País: "Es imprescindible que el con-

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