Los gobiernos central y vasco advirtieron ayer a los ayuntamientos gobernados por Bildu de que tienen la obligación legal de velar por la seguridad de los concejales. Los dos ejecutivos hicieron esta advertencia a raíz de que la nueva alcaldesa de Andoain (Guipúzcoa), Ane Carrere, firmara una orden en la que establece la prohibición a los escoltas de seguridad privada de acceder a ningún edificio municipal, y de que haya desinstalado el arco de seguridad y el escáner de la entrada del consistorio.

El Ayuntamiento de Lasarte, en Guipúzcoa, gobernado igualmente por Bildu, también ha retirado el arco de seguridad y el escáner, mientras que el alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, de la misma coalición, anunció que su consistorio estudiará adoptar medidas similares.

El vicepresidente primero y ministro del Interior del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, "recordó" ayer a los alcaldes de Bildu que "los gobiernos estamos sometidos a las leyes, las leyes hay que cumplirlas y, si no se cumplen las leyes, los jueces se encargan de que se cumplan".

No obstante, el titular del Interior aseguró que el Ejecutivo tiene los mecanismos para que las leyes se cumplan y para garantizar también la seguridad de todos los concejales vascos.

En la misma línea se pronunció el consejero del Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, que remitió una carta a la alcaldesa de Andoain en la que, tras expresar su "total disconformidad" con las medidas adoptadas, le recordó la "larga secuela de atentados y de víctimas mortales que el terrorismo" se ha cobrado en esa localidad. También le citó las amenazas e insultos que, durante los últimos días, han recibido concejales del PP y el PSE.

La Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra alertó también del "aumento de la inseguridad para los cargos políticos a su cargo" ante una eventual "generalización" de la retirada de las medidas de seguridad en los ayuntamientos.