Durante varias horas del pasado miércoles, el adelanto electoral dejó de ser un fantasma que planea sobre el Gobierno para convertirse casi en una realidad. Los nacionalistas catalanes y vascos, que con su abstención salvaron finalmente una reforma de la negociación colectiva que solo apoyaron los 169 diputados del PSOE, llegaron al Congreso dispuestos a votar en contra de una medida que tanto la UE como el FMI consideran fundamental. El Ejecutivo se situó ante el precipicio. Empeñado como está el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en agotar la legislatura (si las elecciones no son prematuras, quedan nueve meses) en aras del "interés general", el fracaso de esta iniciativa no solo habría colocado a España en la mirilla de los mercados, sino que también habría mostrado que era imposible de cumplir la premisa del Gobierno para que las elecciones se celebren en marzo del 2012, y no en noviembre de este año: el país necesita ahora, y no tras los comicios, la entrada en vigor de las reformas laborales, financieras y de pensiones.

Fue una jornada al límite, con el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, interviniendo una y otra vez en el hemiciclo para que el Gobierno tuviera tiempo de cerrar antes de la votación sus pactos con el CiU y PNV; y fue, también, una jornada que tendrá secuelas. La capacidad de aguante de un Ejecutivo en soledad se volverá a poner a prueba: primero, en el debate sobre el estado de la nación, entre el 28 y el 30 de junio. Después, a mediados de julio, en el paso previo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el techo de gasto, que el Consejo de Ministros aprobará hoy con un recorte sustancial. Más tarde, a finales del mismo mes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde casi todos los asientos estarán ocupados por consejeros autonómicos de un PP que arrasó el 22-M, y pide limitar por ley el gasto de las comunidades y elaborar nuevos planes de reajuste una vez que sus gobiernos hayan auditado las cuentas de sus territorios.

TRANSFERENCIAS Y por último, en la negociación de las cuentas del Estado, que se presentarán a la vuelta del verano y se votarán en diciembre. Si el Ejecutivo no las saca adelante, podría prorrogar las del año anterior, pero eso solo ha ocurrido una vez en democracia, y las consecuencias, en un contexto de crisis y con España escrutada al milímetro, serían impredecibles. La semana pasada, una delegación del FMI se reunió con la Comisión de Economía del Congreso. Gran parte de sus preguntas versaron sobre los presupuestos.

En el 2010, el Gobierno contó con el apoyo de Coalición Canaria (CC), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el PNV. Esta vez, los apoyos de las dos primeras formaciones están en principio asegurados tras los pactos autonómicos, con los socialistas en el archipiélago y la comunidad foral. Pero no el de la tercera, fundamental para aprobar las cuentas. Antes de negociar, los nacionalistas vascos exigen el cumplimiento de las transferencias pactadas a cambio de su voto a las anteriores cuentas. Luego ya se verá. Un importante cargo de este partido fue preguntado hace poco acerca de qué pedirían como contrapartida a su incómoda ayuda al Ejecutivo, pues los presupuestos para el 2012 serán muy restrictivos. "La luna", contestó riendo.

Hasta ahora, la estrategia les ha funcionado. El PNV consiguió que los convenios autonómicos prevalezcan sobre los estatales en la negociación colectiva --cuyo decreto ya está en vigor y se tramitará ahora como proyecto de ley para introducir modificaciones--, y su portavoz parlamentario, Josu Erkoreka, señaló, en una declaración después matizada, que nunca había conseguido