Con dos décadas de dedicación a la política madrileña a sus espaldas, Alberto Ruiz-Gallardón llega al Gobierno de Mariano Rajoy después de que el propio presidente haya esbozado ya las líneas maestras que marcarán su gestión para hacer de la Justicia un servicio público ágil, moderno y de calidad.

Es un reto ya histórico de todos y cada uno de los responsables políticos que han pasado por el Ministerio de Justicia y volvió a dejarlo bien claro Rajoy en su debate de investidura, cuando situó la reforma de este sector entre las necesarias para el avance del país: "lisa y llanamente, esto no puede seguir así", fueron sus palabras.

Rajoy ha confiado ahora en Ruiz-Gallardón para poner en marcha los cambios que el PP cree imprescindibles en esta materia y lo hará, como dijo el presidente, con "menos y mejores leyes", entre ellas algunas, como la Ley de Mediación y Arbitraje, que el anterior ministro, Francisco Caamaño, se dejó en el tintero.

El objetivo es recuperar la confianza de los ciudadanos en la Justicia y propiciar su independencia e imparcialidad, también en órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC).

En definitiva, acabar con la imagen de politización que ha desprestigiado ambas instituciones, y en el caso del TC, el presidente del Gobierno también ha anunciado ya que su intención es abordar de inmediato y poder resolver en tres meses, y en diálogo con la oposición, la renovación pendiente del máximo interprete de la Carta Manga.

Faltan por conocer los detalles de los planes que el Gobierno del PP se reserva para el CGPJ, pero lo que es seguro es que deberá dar respuesta a las reivindicaciones del máximo órgano de gobierno de los jueces, que lleva tiempo reclamando "autonomía presupuestaria" y un cambio en el sistema de elección de sus miembros para reforzar su independencia.

Habrá cambios también en el modelo de la oficina judicial recientemente estrenado por Caamaño, en el que el PP y algunos de los principales agentes de la Justicia ven deficiencias y debilidades. En este capitulo se trata de promover un uso eficiente y coordinado de las nuevas tecnologías, compatibilizar los ocho sistemas informáticos actuales que utilizan los tribunales de toda España y que son incompatibles entre sí, además de simplificar procedimientos.

Incorporar los juicios rápidos al ámbito civil, recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomías y dar al Tribunal Supremo las competencias sobre el recurso de amparo para que el TC se dedique a su labor constitucional, son otros de los objetivos que el PP se marcaba en su programa electoral.

Un programa en el que también figuraba la prisión perpetua revisable que el PP no consiguió sacar adelante en la última reforma del Código Penal, que entró en vigor el pasado diciembre, y la apuesta por redactar una nueva ley de enjuiciamiento criminal, reclamada por la Fiscalía, que dé más celeridad a las instrucciones.

No obstante, no está claro si el PP apoyará o no la idea de dar al fiscal la dirección de la investigación en el proceso penal, como quedó plasmado en el proyecto aprobado ya en el límite de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, y que también se ha quedado a las puertas de ver la luz por falta de tiempo.