Con la propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, de subsumir en las embajadas españolas al personal que las autonomías tienen en nómina en sus delegaciones internacionales, más de uno debió descubrir boquiabierto la cifra de comunidades que invierten en diplomacia. Como con los aeropuertos, las líneas del AVE y las televisiones, nacionalidades y regiones por igual han pedido su taza de café para todos en cuestión de embajadas. Proliferaron tanto en tiempos de bonanza que es difícil hacer inventario en época de recortes.
El Gobierno del PSOE, a finales del 2010, las cifró en 186. Desde las elecciones autonómicas, algunos ejecutivos han pasado ya la tijera por estas oficinas. Cataluña encabezaba el ranking (48), pero las 13 comunidades que hoy gobierna el PP acreditan, en conjunto, un número mayor de estas sedes. En total, un gasto que asciende a unos 150 millones de euros.
Tras escuchar a Margallo, la Comunidad de Madrid salió rauda y veloz a desmentir que tuviese las 11 embajadas que el Gobierno le otorgaba. Aclaró Esperanza Aguirre que solo dispone de una "unidad de representación en Bruselas". Precisamente, el nombre y la función de estas oficinas son las válvulas de escape que han usado las autonomías para justificar su apertura. La mayoría se conciben como delegaciones de acción económica o comercial, oficinas de promoción turística o misiones de cooperación al desarrollo. Es decir, no tienen un fin meramente político. Pero su financiación procede igualmente del erario, y en la fachada suele ondear la bandera autonómica (sola o en compañía de la rojigualda).
Dando por buena esta distinción, Cataluña tendría solo cinco embajadas (Londres, París, Berlín, Bruselas y Nueva York), ya que el resto de su representación exterior nació de programas de actuación económica, turística, lingüística... Un clásico en el mapa de la diplomacia autonómica. Madrid vendió el año pasado las "oficinas comerciales" de Sao Paulo, México, Miami, Nueva York y Shanghái, que Aguirre anunció a bombo y platillo en el 2008. Conserva la de Bruselas, como enlace con la UE. Todas las autonomías tienen o han tenido una sede en la capital comunitaria. La de la Comunidad Valenciana cuesta un millón de euros anuales.
En La Habana
Recién inmerso en una vorágine de recortes, el Gobierno de Alberto Fabra mantiene 23 institutos de exportación repartidos por el mundo. Una red que este año vale 5,75 millones, pero que el pasado costó el doble. Admitiendo su escasa actividad, la Comunitat Valenciana cerró en septiembre las oficinas de Tokio, Buenos Aires y, ¡atención!, La Habana. Resulta curioso que un Ejecutivo del Partido Popular mantenga relaciones comerciales con el régimen cubano.
Galicia no rechaza del todo suprimir sus 12 sedes económicas, con 18 millones de presupuesto, pero se resiste a clausurar las oficinas de Argentina y Uruguay, alegando su numerosa colonia de emigrantes. Estos dos embajadores cobran al año unos 50.000 euros. Otra docena de oficinas dependen de la Región de Murcia, justificadas por criterios de promoción turística.
Más extensa es la diplomacia andaluza: 22 centros. Bruselas, Tokio, Londres, Shanghái, Moscú... pero también Nueva Delhi, Kiev y Luanda. Y no hace falta irse tan lejos. A dos horas y media en AVE, Sevilla tiene embajada en Madrid: una finca regia del Paseo de la Castellana cuyo alquiler supera al año los 200.000 euros. Aragón cerró su sede en la capital española y solo mantiene la de Bruselas.
Extremadura no recortará más. En el 2010 tenía cuatro embajadas; hoy le queda una en Bruselas y otra en Lisboa. El presidente autonómico, José Antonio Monago, aduce "motivos de importancia para la región". Su antecesor, Guillermo Fernández Vara, justificó en su día la delegación lisboeta: "Portugal es nuestro hecho diferencial. No tenemos mar, ni estaciones de esquí, ni otra lengua, pero sí tenemos a Portugal". Y José Bono izó en 1996 la bandera manchega en Bruselas, hasta que hace poco la arrió María Dolores de Cospedal.
