Baltasar Garzón echó ayer el resto en la última sesión que se celebró en el Tribunal Supremo para intentar convencer a los jueces de que, con su decisión de ordenar las escuchas en el caso Gürtel buscó defender los intereses de los ciudadanos y perseguir un presunto delito de blanqueo de capitales. Por ello, defendió su inocencia y asumió la responsabilidad "por todas y cada una" de las medidas que adoptó en la instrucción de la trama corrupta.

El juicio quedó visto para sentencia a las 17.43 minutos. Después, los magistrados comenzaron a deliberar, pero no se espera que el fallo se conozca antes del día 24, cuando Garzón vuelva al Supremo para responder por la investigación sobre los crímenes del franquismo.

La última sesión de este juicio se aplazó tras la exposición de los alegatos de las acusaciones y del fiscal para que el togado de la Audiencia Nacional pudiera tratarse la severa afonía que padece desde hace una semana. El tratamiento le permitió realizar su alegato, pero con la voz entrecortada. Garzón pronunció sus últimas palabras sin toga y en el banquillo de los acusados, "ante un tribunal de la justicia española", en clara alusión a su intención de acudir a cuantas instancias nacionales e internacionales sean necesarias para anular su previsible condena. El presidente del tribunal, Joaquín Giménez, interrumpió su parlamento en tres ocasiones.

FORMA DE TRABAJO Garzón recordó que lleva en la carrera judicial 31 años, 23 de ellos como magistrado de la Audiencia Nacional. Y expuso su negativa a que la responsabilidad de su decisión se reparta con la fiscalía, tal y como había insinuado en su informe el abogado de Francisco Correa, José Antonio Choclán: "El magistrado y el fiscal se atribuyeron una función ilegal, al decidir qué era o no el derecho de defensa", dijo el defensor.

Por ello, el juez Garzón defendió todas sus medidas y aseguró que las tomó "reflexivamente y en la más estricta legalidad", en cumplimiento de normas nacionales, internacionales y de los convenios suscritos por España. Y sostuvo que todas sus decisiones tienen "su explicación".

Negó que en su instrucción del caso Gürtel hubiera lesionado el derecho de defensa: "Lo protegí con arreglo a la ley e intentando conciliar los derechos fundamentales en juego". Y añadió que el delito de la red corrupta "era grave y exigía tomar esta medida como la única posible", porque los acusados seguían dirigiéndola desde prisión.

Asimismo, asumió la responsabilidad de la criba que se realizó a las conversaciones de los imputados con sus letrados y aseguró que lo hizo para proteger el derecho de defensa. El día anterior, un funcionario de su juzgado declaró que eliminó pá-rrafos de estas grabaciones por indicación de la fiscal Miriam Segura. "El juez no puede prescindir del ministerio fiscal, y mucho menos en una instrucción que es secreta", indicó Garzón.

Además, el togado de la Audiencia citó una frase del político alemán Willy Brandt: "Abrir una puerta a la injusticia significa que se hace para que entren todas las demás". Y rechazó con vehemencia la acusación del abogado de Correa, que le reprochó haber antepuesto la razón de Estado a la justicia. "La única razón de Estado que entiendo es la razón democrática de los ciudadanos", argumentó.

LOS OTROS ALEGATOS Por su parte, el abogado de Garzón, Francisco Baena, defendió la actuación del togado, de quien dijo que era "un buen juez". Los fiscales Antolín Herrero y Pilar Valcárcel aseguraron que la medida de Garzón fue "proporcionada" y que no cometió ningún delito. Las acusaciones insistieron en que el juez lesionó su derecho de defensa. "Se convirtió en una suerte de Gran Hermano que todo lo oye", según el abogado de Pablo Crespo, Pablo Rodríguez Mourullo.

Fuentes jurídicas sostienen que la deliberación de los jueces se presenta difícil. Garzón ha logrado durante la vista ganarse "la legitimidad social", explicaron estas mismas fuentes, que adelantaron que los magistrados centrarán sus debates en si la medida del juez de la Audiencia Nacional "fue justificada, necesaria y proporcional", ya que fue "atípica", porque no se graban normalmente las conversaciones de los presos con sus abogados.