Alberto Ruiz-Gallardón demostró ayer que no quiere que su gestión en el Ministerio de Justicia pase desapercibida, y anunció una reforma "profunda" de este ámbito, así como modificaciones legales de calado, entre ellas la revisión de la ley del aborto y la aplicación de una condena perpetua "revisable". Gallardón hace suya así una reivindicación del ala más conservadora del PP, que tras cada asesinato alarmante reclama mano dura, y de una parte de la sociedad que demandaba algún gesto al Gobierno tras la alarma social creada con casos como el de la niña Mari Luz o el de Marta del Castillo. El presidente, Mariano Rajoy, ya prometió en la campaña electoral medidas como las reveladas ayer por Gallardón.

Los juristas no rechazan frontalmente la "prisión permanente revisable", como la denomina el Gobierno. El vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Manuel Gómez Benítez sostiene que esta medida es "constitucional". Y recuerda que esta pena se recoge en el tratado del Tribunal Penal Internacional (TPI) suscrito por España, que puso como única condición que se adaptara a la legislación penitenciaria. Este jurista, catedrático de Derecho Procesal, opina que la medida es "mejor que el sistema actual", que impide la revisión de pena a los condenados bajo la doctrina Parot, que les obliga a permanecer hasta 40 años en prisión.

SIN RESOCIALIZACIÓN El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada avala la medida para "delincuentes no rehabilitados", como los que matan y abusan de niños. "Sirve para proteger a la sociedad de individuos que no se han resocializado, a pesar de haber cumplido penas largas", agregó. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, tampoco recela de la norma, pero duda de su oportunidad. "Me preocupa que se regule en función de los últimos sucesos". Y es que Juanes sostiene que la decepción provocada por la condena de 20 años a Miguel Carcaño en el caso del asesinato de Marta del Castillo "no se debió a un problema de legislación, sino de investigación".

Gallardón explicó que se aplicará el castigo en "casos muy restringidos" que hayan alcanzado el máximo de reprochabilidad social". Según fuentes ministeriales, se está estudiando qué tipo de actitudes castigar, así como a partir de qué número de años se revisará la pena.

Ruiz-Gallardón rechazó que la pena se denomine cadena perpetua. Solamente se trata, matizó Gallardón, de "variar el enfoque" para que los reos no sean liberados una vez cumplan su