El Gobierno de Mariano Rajoy ha aprovechado la tramitación del anteproyecto de ley de transparencia y acceso a la información --una promesa incumplida del anterior Ejecutivo socialista-- para incorporar un epígrafe de Buen Gobierno, que incluye un exhaustivo catálogo sancionador para quienes vulneren los principios de la ley de estabilidad presupuestaria. El cerco a los despilfarradores puede afectar a ministros, consejeros y concejales, especialmente a los responsables de Hacienda de cada administración, pero también a los órganos colegiados que tomen la decisión irregular, ya sea el Consejo de Ministros o los ejecutivos autonómicos o locales. "El órgano o el alto cargo que sea el competente para resolver será el responsable" de la vulneración, dejó claro la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
