Con el compromiso firme del nuevo Gobierno del PSOE e IU de no traspasar "líneas rojas", sanidad y educación, a Andalucía le queda poco margen para realizar ajustes. De ahí que el grueso de los recortes para cumplir con el objetivo del 1,5% del déficit haya recaído en los funcionarios y empleados públicos. El plan de ajuste de Andalucía, remitido ya al Ministerio de Hacienda y que será revisado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de mañana, establece un reajuste del gasto de 3.500 millones de euros.

Unos 1.000 millones corresponden al incremento de ingresos por la vía impositiva. Se aumenta un punto el tramo autonómico del IRPF para las rentas a partir de 60.000 euros, y se multiplica por 1,10 el impuesto de patrimonio y por 2, el de hidrocarburos. También se prevén medidas contra el fraude fiscal. La reducción de gastos representará 2.500 millones, 777 de los cuales corresponden al recorte de sueldo de los funcionarios, aunque el bipartito insiste en que será una medida "temporal", que afectará ya a la extra de verano.

Andalucía tiene 267.999 trabajadores en el sector público y 22.000 más en empresas dependientes de la Junta, sin contar con el personal sanitario y educativo. El Ejecutivo pide, para evitar los despidos, un mayor esfuerzo a funcionarios y empleados con plaza fija. El ajuste incluye al equipo de Gobierno, con sueldos equivalentes a los de un ministro.