La Audiencia Nacional cerró ayer definitivamente el caso Yak por considerar que el accidente del avión no se pudo evitar y rechazó que los seis mandos imputados fueran los responsables de la tragedia en la que perdieron la vida 62 militares en el 2003.
Esta decisión es firme y solo puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. Con esta resolución se pone fin a una investigación que se ha prolongado durante nueve años, ya que la Audiencia Nacional ordenó en dos ocasiones al juez Fernando Grande-Marlaska abrir de nuevo el proceso judicial.
En su anterior destino en la Audiencia, el actual presidente de la sala penal archivó esta causa el pasado mes de febrero al considerar que el accidente se debió a la falta de preparación de la tripulación del avión. Este criterio es asumido ahora por la Audiencia Nacional, que carga contra los familiares de las víctimas por querer sentar en el banquillo a los imputados por un delito de homicidio por imprudencia grave y "no haber demostrado otra causa del accidente".
RIESGO El tribunal también rechaza que los mandos "hubieran realizado una conducta anterior creadora de un riesgo no permitido" o que asumieran "la condición de garantes" para que la tragedia no se consumara. Por ello, afirma que "el desgraciado resultado" no pudo "ser evitado".
Los familiares de las víctimas del Yak contaron con el apoyo parcial del fiscal en su recurso. Esta decisión se suma al indulto a dos militares que identificaron erróneamente los restos de los fallecidos.
