El PP ha puesto una cifra a la poda que, en su opinión, necesita el sector público para volver a generar confianza en el exterior y facilitar así la recuperación económica. Los conservadores quieren que el peso de los servicios públicos pase del 45% al 35% del PIB estatal. Para ello, el Ejecutivo prepara una reforma que, según reconocen fuentes del PP, será "complicada y dolorosa". Implicará la privatización de ciertos servicios y la eliminación de empresas y organismos públicos, con la consiguiente destrucción de empleo entre funcionarios y altos cargos.
"La solución a medio y largo plazo no pasa por la rebaja de salarios como han hecho Cataluña y Andalucía, entre otras administraciones, sino por recortar el sector", reconocen sin paños calientes fuentes de la dirección del PP. El Gobierno acometerá el adelgazamiento del sector público, que todavía está en fase de estudio, en los Presupuestos del próximo año.
La justificación empleada por los populares es que las administraciones, debido a su alto endeudamiento, "se llevan parte de la tarta" del crédito, dificultando la financiación a bancos y empresas privadas. "La reforma del sector público dará lugar a un debate sobre quién es más eficaz generando riqueza. El PP considera que es el sector privado", señalan las mismas fuentes.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya se comprometió, durante el debate de investidura, a llevar a cabo cambios para evitar duplicidades entre los gobiernos central, autonómico y local. "Una administración, una competencia", es uno de sus mantras. Para cumplir con este objetivo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está preparando un estudio sobre cómo redefinir las competencias que pasa, entre otras cosas, por impulsar la fusión de ayuntamientos.
La reforma del sector público no será la única medida "dolorosa" que Rajoy acometerá en los próximos meses, según el PP. También prepara una ley de unidad de mercado que, previsiblemente, requiera que haya que modificar varias normas autonómicas.
Entretanto, el Gobierno siguió ayer con sus amenazas a las comunidades autónomas para que cumplan el tope de déficit. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó que, según la ley de transparencia, Hacienda podrá sancionar a los altos cargos de todas las administraciones que incumplan los objetivos fijados en la ley de estabilidad. Quienes cometan infracciones graves o muy graves podrán ser inhabilitados entre cinco y diez años. Las sanciones incluyen la no percepción de pensiones y restituir las cantidades percibidas indebidamente.
