Obviando a los expertos que el Ministerio de la Presidencia había nombrado, el Gobierno dio ayer vía libre al anteproyecto de ley de transparencia. El texto se nutre de algunas de las 3.700 aportaciones de ciudadanos. Por ejemplo, los colegios profesionales se someterán a la norma. Pero no la Casa Real, a pesar de las peticiones. El motivo es que esta "no forma parte de las administraciones públicas", arguyó la vicepresidenta.