Bruselas no quiere llevarse más sorpresas con España y enviará la semana próxima a un grupo de técnicos de Eurostat, el organismo de estadísticas de la Unión Europea (UE), para verificar las cuentas públicas después de que tres comunidades, Madrid, Valencia y Castilla y León, hayan reconocido que ocultaron el desvío real entre gastos e ingresos correspondiente al 2011. Su maniobra ha causado un nuevo incremento, esta vez de cuatro décimas, del déficit español del citado ejercicio hasta situarlo en el 8,9% del PIB. La Comisión Europea (CE) se mostró "preocupada" por el baile de cifras en las cuentas auto-nómicas, porque "daña la credibilidad" y "no mejora la situación" de España ante los mercados, según indicaron ayer fuentes comunitarias a este diario.

La misión de los técnicos será aclarar si los nuevos cálculos son ya definitivos y si el afloramiento de gastos no declarados es "exhaustivo". Las citadas fuentes no escondieron su malestar por este episodio que en nada contribuye a trasladar la imagen de seriedad que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende ofrecer al resto de socios. "Esperamos que no haya más problemas de pagos atrasados y facturas en los cajones", señalaron fuentes del Ejecutivo comunitario. "No puede volver a repetirse lo de que no se sepa lo que está ocurriendo con el déficit de las comunidades hasta final de año", insistieron.

NI ATISBO DE DISCULPA A pesar de que las autoridades de Bruselas alertan de que existe el "riesgo" de que puedan establecerse paralelismos injustificados con Grecia, ni el Ejecutivo central ni ninguna de las comunidades responsables del desvío (todas gobernadas por el PP) mostraron el más mínimo gesto de arrepentimiento. Tampoco hubo disculpa alguna. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fue la primera que evidenció el interés de su partido por pasar página cuanto antes con el argumento de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el jueves pasado examinó los planes de todas las autonomías (y solo suspendió a Asturias) ya puso "el contador a cero". El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, destacó que lo importante ahora es "la apuesta conjunta" que han hecho las comunidades por reducir el déficit público. Claro que unas más que otras, porque hay dos, Cataluña y Andalucía, que asumirán casi la mitad del tijeretazo autonómico.

La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, de momento guarda silencio, a pesar de que es una política que acostumbra a dar la cara. Su respuesta es de las más esperadas, puesto que hasta esta semana alardeaba de ser la única que el año pasado había logrado cumplir con el objetivo de déficit. Solamente su consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasketty, habló ayer para asegurar que Madrid informó de su déficit a Hacienda tan pronto comprobó que era superior al inicialmente estimado (en concreto, el doble).

Mientras, la Generalitat Valenciana, cuyo déficit es del 4,5 %, un punto superior al que presentó inicialmente, presumió de "transparencia" y atribuyó el desfase que presentan sus cuentas a las facturas a proveedores que han aparecido a posteriori. Y el Gobierno de Castilla y León consideró una "cosa normal" su desvío, de cuatro décimas.

INTERPRETACIÓN CHOCANTE Pero, para interpretación sorprendente, la que realizó el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, quien, entonando su particular piove, porco PSOE, culpó al Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero del cálculo erróneo en tres de las comunidades controladas por los conservadores. Como era previsible, el PSOE aprovechó para subrayar que la herencia que tanto critica el Ejecutivo de Rajoy estaba en realidad "en la caja de los gobiernos autonómicos del PP".

El nuevo aumento de la cifra de déficit del 2011 es negativo, pero, según fuentes comunitarias, puede contrarestarse con una "aplicación rigurosa" de los planes de ajuste pactados por cada comunidad con el Ejecutivo central. La Comisión Europea reconoce que el esfuerzo que tiene que hacer España este año para reducir el déficit hasta el objetivo fijado del 5,3% deberá ser "enorme, en especial en un contexto de recesión".

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, está dispuesto a efectuar "una aplicación inteligente" de las normas del pacto de estabilidad sobre el déficit, pero en Bruselas se insiste en que, paralelamente, el Gobierno español "deberá demostrar que está haciendo los esfuerzos adecuados".

RECOMENDACIONES El próximo 30 de mayo, la Comisión Europea presentará las recomendaciones concretas en política económica y presupuestaria para cada país. Será entonces cuando se comprobará hasta qué punto las autoridades comunitarias aprueban las medidas adoptadas hasta ahora por España. Una de las que deberá pasar el examen es el control del gasto autonómico, tal y como el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, y Rehn le exigieron esta misma semana al ministro Guindos.