La justicia ha decidido tomar cartas en un asunto en el que el Gobierno no quiere o no se atreve a entrar: la depuración de responsabilidades en la mala gestión de entidades bancarias. Pese a vanagloriarse de sus esfuerzos en pro de la regeneración democrática --de hecho, el Consejo de Ministros aprobó el viernes el anteproyecto de ley de transparencia--, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, rechazó la comparecencia en el Congreso de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España; Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, y Miguel Blesa, su antecesor en Caja Madrid (integrada en Bankia), para que den explicaciones sobre cómo la entidad ha llegado a la delicada situación en la que se halla, que ha obligado a la nacionalización.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, sin embargo, está dispuesto a llegar hasta el final en la búsqueda de "responsabilidades penales" (que pueden conllevar penas de cárcel) y ha ordenado a la Fiscalía Anticorrupción ponerse manos a la obra, aunque "de momento" los gestores y exgestores de Bankia pueden respirar tranquilos, igual que el gobernador del Banco de España. "No existe ninguna investigación abierta sobre Bankia de la que yo tenga noticia. Otra cosa es que pueda haberla en el futuro", comentó ayer en una entrevista concedida a Europa Press.
Indemnizaciones
En el punto de mira de Torres-
Dulce están las indemnizaciones millonarias que han percibido algunos exdirectivos de cajas, en especial las que han recibido dinero público. Aunque no quiso precisar ninguna de las investigaciones ya en curso, en la memoria colectiva están frescos los más de 23 millones con los que se prejubilaron tres gestores de Nova Caixa Galicia, una entidad nacionalizada; y el caso de otra caja nacionalizada, la CAM, en la que cinco directivos se repartieron 12,8 millones y en la que una exdirectora general, María Dolores Amorós, se puso al ocupar el cargo un sueldo de 600.000 euros al año (el doble de lo que cobra el gobernador del Banco de España) y una pensión vitalicia de 370.000 euros anuales para su jubilación.
Otro presunto caso de saqueo, el de cuatro exdirectivos de Caixa Penedès, ya está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona. Entre todos se embolsaron más de 20 millones después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria hubiese inyectado en la entidad 916 millones para reflotarla.
Para acometer esta hercúlea tarea, la justicia necesita de la "colaboración" del Banco de España. Una colaboración que no falta, pero que, según Torres-Dulce, es lenta. Por ello, reclamó al organismo supervisor "mayor rapidez en la respuesta a determinados tipos de procesos". Sobre la gestión de Fernández Ordóñez, el fiscal general rechazó que haya alguna investigación abierta. Otra cosa son las responsabilidades políticas o administrativas, si las hubiera. Pero eso es harina de otro costal, el costal del Gobierno.
